Representantes del más alto nivel del gobierno de Daniel Ortega, dicen que sólo es un pequeño grupo de personas el que sigue denunciando fraude en las pasadas elecciones municipales; aseguran que las nuevas autoridades edilicias están funcionando normalmente, que todo el país está tranquilo y, por lo tanto, en Nicaragua no hay ningún problema de gobernabilidad. Todo esto lo argumentan, los funcionarios gubernamentales, en relación con las gestiones que están haciendo con los representantes de la Unión Europea, para que les liberen sin condiciones de ninguna clase los fondos líquidos de cooperación que fueron suspendidos por el fraude electoral de noviembre del año pasado.
Por otro lado, también hay quienes sostienen que la Unión Europea no puede hacer el trabajo que le corresponde a los mismos nicaragüenses. Es decir, que si no hay protestas callejeras en los municipios donde según la oposición hubo fraude y los alcaldes designados por el Consejo Supremo Electoral son fraudulentos y usurpadores, Europa no puede seguir exigiendo la revisión de los resultados de los comicios municipales. Lo más que podría hacer la Unión Europea, dicen esas voces, es pedir al gobierno de Daniel Ortega que se comprometa a garantizar que las próximas elecciones serán libres y limpias, a cambio de liberarle los fondos retenidos.
Pero la gobernabilidad democrática no significa sólo ausencia de disturbios callejeros y violencia política. Para que haya gobernabilidad democrática es preciso cumplir una serie de condiciones, entre las cuales sobresalen la legitimidad, la eficacia gubernamental, la eficiencia de los servidores públicos y la estabilidad y credibilidad de las instituciones. Y nada de eso hay en los municipios donde la oposición, con abundancia de documentos probatorios, sigue reclamando que hubo fraude, y que por lo tanto los alcaldes designados por el Consejo Supremo Electoral no tienen legitimidad, son fraudulentos, están usurpando cargos que no les corresponden porque no fueron elegidos sino designados desde arriba.
Hay que distinguir entre lo que es una situación de ingobernabilidad, de vacío de poder y caos político y social, y la falta de gobernabilidad democrática en donde el Gobierno funciona mal que bien y la gente acata sus decisiones, pero es espurio porque no ha resultado de una elección popular libre y transparente. En este caso el ejercicio gubernamental es deficiente, sombrío y corrupto, ni más ni menos que como está funcionando, pongamos por caso, la actual administración municipal de Managua.
Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Cláusula Democrática de la Unión Europea para sus relaciones internacionales y acuerdos de asociación económica con otros países, establece que las partes se comprometen a respetar los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual inspira las políticas internacionales de los asociados y constituye un elemento esencial del acuerdo entre ambos. La Cláusula Democrática se ajusta exactamente al principio del Derecho Internacional que establece la primacía de los derechos humanos sobre otros compromisos internacionales de los Estados.
Eso significa que no hay gobernabilidad democrática donde no se cumplen los principios y preceptos de derechos humanos; donde el poder no emana de la voluntad popular libremente manifestada, sino que surge de elecciones fraudulentas; donde no se respeta el voto, que es un derecho esencial, incondicional e irrenunciable de la persona humana. Y exigirle al Estado infractor de los principios y preceptos de la gobernabilidad democrática, que los cumpla para tener derecho a la cooperación internacional, no es intervención extranjera porque los derechos humanos son valores universales que tienen que ser respetados y se deben hacer respetar.
De manera que resulta muy difícil creer que haya representantes de la Europa ejemplarmente democrática, para los cuales tienen que ocurrir desórdenes callejeros y represiones sangrientas —como las que seguramente desean individuos como Gustavo Porras y otros personajes fascistoides del Gobierno actual—, a fin de considerar que no hay gobernabilidad democrática en el país. Por el contrario, la aplicación de la cláusula democrática es indispensable precisamente para evitar que la situación del país llegue a esos extremos.
