La divulgación del informe sobre la cooperación venezolana ha confirmado las dudas, no sólo sobre la transparencia con la que se ha manejado, sino también sobre la eficiencia de la misma y la sostenibilidad en el tiempo.
“¿Cuáles son los parámetros de eficiencia, rentabilidad, de esa inversión que vamos a tener para el país en los próximos años?”, cuestiona el economista Alejandro Aráuz.
“Está bien que entre inversión por el lado venezolano, pero el país requiere, y todos los países requieren, inversiones muy eficientes, muy competitivas, y están haciendo inversiones muy competitivas (...) en medio de la crisis económica”.
Según un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN) divulgado el jueves, la cooperación venezolana en el 2008 fue de 457 millones de dólares.
El principal componente de la cooperación venezolana continuó siendo el ligado a la asistencia petrolera.
Agregó Aráuz que “a través (de esta cooperación) se recibió un financiamiento de 293 millones de dólares dirigidos al sector privado”, principalmente a la empresa Alba Caruna, ligada a cercanos al presidente Daniel Ortega.
El informe del BCN desglosa esto último asegurando que de estos recursos, 147 millones de dólares se registraron como un financiamiento no retornable de los fondos Alba, y los restantes 146 millones se registraron como préstamos canalizados por Alba Caruna.
No obstante, los fondos no retornables han sido cuestionados por diputados y economistas, ya que es la parte poco transparente de esta cooperación. “El hecho de haber rechazado la Cuenta Reto del Milenio y los recursos provenientes del Grupo de Apoyo Presupuestario obligan a transparentar esos fondos”, aseguró el diputado Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense.
El economista y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Edmundo Jarquín, aseguró que a él le resulta “absolutamente incomprensible que el Fondo Monetario Internacional (FMI) permita que los recursos del financiamiento venezolano, que según el propio informe del Banco Central son deuda del Gobierno de Nicaragua, se manejen fuera del Presupuesto General de la República (PGR)”.
Para Jarquín, las consecuencias de ese manejo paralelo de una millonaria deuda pública son “que se está disminuyendo el gasto en salud y educación, perjudicando a una gran cantidad de nicaragüenses” y también “que esa enorme cantidad de recursos fuera del Presupuesto es una fuente adicional de esta corrupción que estamos viendo en Nicaragua”.
Jarquín calcula que el Gobierno “va a tener que reducir, al menos, el equivalente a 30 millones de dólares más”, en los gastos de salud y educación por la crisis económica.
La primera reducción presupuestaria que se aprobó en la reforma del PGR de abril pasado sumó 1.3 millones de córdobas, con disminuciones en áreas sensibles de salud y educación, como la compra de textos escolares.
“Las consecuencias son dos: más corrupción y más pobreza, y yo quisiera saber cómo el Fondo compatibiliza su mandato con el hecho de que la gestión de la cooperación externa y la gestión presupuestaria de este Gobierno conduce a más corrupción y más pobreza”, cuestionó Jarquín, tras recordar que los recursos de esa cooperación, por ser deuda pública, deben ser objeto del manejo presupuestario, de conformidad con la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario.
¿POR QUÉ MÁS DEUDA, ENTONCES?
Con tanta “generosidad” del Gobierno venezolano, el diputado Langrand se pregunta por qué entonces seguir endeudando al país.
En este sentido, el economista Alejandro Aráuz advierte que el tipo de cooperación venezolana llega en forma de bienes de consumo y no de recursos líquidos, como es el caso de la generada por la del Grupo de Apoyo Presupuestario.
De esta forma, estos bienes son comprados con dinero generado en el país, y no proveniente del exterior, “es decir, lo que se está haciendo es darle vuelta al dinero que hay en el país”.
Es por eso que el Gobierno no cuenta con recursos frescos para hacerle frente a la brecha presupuestaria que enfrenta, por lo que tiene que emitir deuda pública (bonos y letras del tesoro) para obtener dinero.
Según Aráuz, el riesgo que existe es que, si bien el endeudamiento es un instrumento normal, y los títulos pueden ser comprados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el corto plazo esto puede generar un problema de liquidez en la economía, al concentrar los recursos financieros en un solo sector, el Gobierno.
En el mediano plazo esto puede provocar que las tasas de interés también se disparen, generando el riesgo de mayor inflación por la vía de los costos.
PRESIÓN DEL FMI
Por otro lado, el Gobierno enfrenta el serio problema de la caída de las recaudaciones, lo cual ha sido admitido por miembros del gabinete económico.
Es por esa razón que, según fuentes cercanas al Gobierno, el FMI lo está presionando para que haga una reforma tributaria, aún cuando hace algunos días anunció que no habría tal reforma sino hasta dentro de dos años.
“El tema es cómo mejorar las recaudaciones y allí es donde se está negociando”, afirma la fuente.
Aráuz sostiene que el Gobierno maneja la posibilidad de reducir las exoneraciones a los sectores no productivos de la economía.
