La 39ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará mañana martes y el miércoles de esta semana en San Pedro Sula, Honduras, podría ser el episodio más crítico en toda su historia de 61 años. Es más, en esa reunión se podría dictar la sentencia de muerte de la OEA, con el pretexto de la discusión por Cuba, pero en realidad como consecuencia de que ha cambiado radicalmente el escenario político y el ambiente ideológico de las Américas. Ahora, para muchos gobernantes en los países del hemisferio occidental, ya no es de mal ver un país donde no existe ninguna clase de libertades, ni se respetan los derechos humanos más elementales, como es el caso de Cuba comunista. Esos gobernantes más bien hacen fila para ir a Cuba a rendir pleitesía a Fidel Castro y ruegan que les permitan tomarse una foto con el anacrónico dictador cubano, quien está en situación de “retiro activo”.
Los analistas internacionales que dan seguimiento a la OEA, aseguran que en la 39ª Asamblea General de esta semana, en Honduras, se anulará la Resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, que se realizó en enero de 1962 en Punta del Este, Uruguay. Mediante aquella resolución Cuba fue expulsada de la OEA por el carácter marxista-leninista de su régimen estatal y por su asociación política y militar con la Unión Soviética y otros Estados comunistas, que la hacían incompatible con el sistema democrático interamericano.
Pero no fue sólo por eso que se expulsó a Cuba de la OEA. Fue también porque, “por la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración de Santiago, suscrita en agosto de 1959, todos los gobiernos de los Estados americanos han convenido voluntariamente en constituirse mediante elecciones libres”, según se dijo en la resolución de expulsión; y el Gobierno de Cuba no sólo no estaba constituido mediante elecciones libres, sino que de manera declarada y descarada se negaba —como se sigue negando hasta ahora— a respetar ese principio elemental de la democracia, que es la constitución del Gobierno por medio de elecciones libres.
Pero si la OEA anula la resolución mediante la cual se expulsó a Cuba, eso no significa que el Gobierno comunista cubano será admitido en el organismo interamericano. Primero, porque como expresó la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el 20 de mayo recién pasado, el régimen cubano “aún tiene que realizar reformas políticas compatibles con la Carta de la OEA, liberar a los prisioneros políticos y respetar los derechos humanos”. “Cualquier esfuerzo para admitir a Cuba en la OEA está en la práctica en manos de —la misma— Cuba. Tiene que estar dispuesta a dar pasos concretos necesarios para cumplir esos principios”, declaró la señora Clinton. Y esto es correcto, no porque así lo diga la Ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, sino porque de tal manera lo establece categóricamente la Carta de la OEA.
En realidad, la discusión sobre el reingreso de Cuba a la OEA es irrelevante, porque su mismo Gobierno ha declarado que no tiene ningún interés en integrarse en el organismo hemisférico, al que más bien trata con absoluto desprecio. Tampoco Daniel Ortega y otros gobernantes latinoamericanos que promueven a Cuba comunista están pidiendo que la OEA admita en su seno al régimen de los hermanos Castro. Lo que Ortega y compañía quieren es: uno, que se revoque la resolución que expulsó a Cuba de la OEA; dos, que la OEA le pida perdón a los gobernantes comunistas de La Habana; y tres, destruir a la OEA.
En efecto, los gobernantes de la izquierda radical quieren reemplazar a la OEA con una nueva organización regional, en la que no tengan cabida Estados Unidos, ni Canadá. Ellos no quieren que haya Carta Democrática Interamericana, ni Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni cualquier otra institución jurídica o política, nacional o internacional, que se oponga a sus planes de consolidar los regímenes autoritarios que encabezan y expandirlos por toda América Latina y el Caribe.
Mientras tanto los países democráticos de las Américas, incluso Estados Unidos, sorprendidos unos, asustados otros y pasivos casi todos, ven pasar el cortejo triunfal del izquierdismo autoritarismo.
