En sólo un día, Manuel Zelaya quedó marcado para siempre: sin país, sin familia y sin el cargo de Presidente.
Deberían ser sucesos para el olvido, pero es imposible que un Presidente borre de la mente su destitución.
La madrugada del 28 de junio, el día en que esperaba consultarle a los hondureños si querían una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, a Zelaya lo buscaron doscientos militares, armados con fusiles adelante y una orden judicial de destitución.
Era el fin de tres meses de disputas legales entre el Presidente de Honduras y los demás poderes del Estado.
La cédula judicial, aquella madrugada, ordenaba apresar al mandatario, pero los militares lo expulsaron del país y lo enviaron a Costa Rica, en pijama, por “recurrentes violaciones a la Constitución”.
La noche del mismo 28 de junio, Zelaya ya estaba en Nicaragua, arropado por el chaleco de acero de los presidentes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), quienes desde entonces le han prometido restituirlo en el cargo.
Zelaya logró superar la vestimenta de pijama, pero no pudo recuperar la Presidencia.
El depuesto mandatario, quien en su primera semana de destierro cargó con ochenta mil dólares a la tarjeta de crédito presidencial, sigue en Nicaragua.
Repite cada día que retornará a su país y organiza a sus simpatizantes en la frontera con Honduras, con el permiso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Pero el viernes 24 de julio, cuando por fin atravesó las cadenas del destierro y pisó suelo hondureño, arrastrando buena parte de la atención mundial, Zelaya prefirió dar pie atrás y retornar a Nicaragua. Las luces se apagaron, aunque la función ha continuado.
EL DOSSIER ZELAYA
LA PRENSA obtuvo el “Expediente Zelaya”, un dossier que explica paso a paso cómo el político liberal de Honduras conspiró en su contra, al interesarse por una reelección que dividió a los ciudadanos y puso en su contra a los demás poderes del Estado, debido a que el artículo 239 de la Constitución hondureña prohíbe promover una reforma para aprobar la reelección.
Zelaya, navegando en las aguas reeleccionistas del Alba y sin el dominio del aparato estatal que tienen sus pares dentro de la Alianza, inició la tormenta de la reelección sin tener un paraguas.
A Zelaya lo terminaron de expulsar de Honduras por una coma, dos signos de interrogación y 32 palabras: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una cuarta urna, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución Política?”.
Esa coma, los dos signos de interrogación y las 32 palabras ya habían provocado careos entre Zelaya y el resto de instituciones estatales.
ZELAYA CONTRA TODOS
El Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral estaban en contra de la consulta, por las violaciones constitucionales que acarreaba.
Durante la pugna, Zelaya ordenó la destitución del Jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, el 24 de junio, apenas cuatro días antes de ser expulsado por el mismísimo uniformado, quien fue restituido en su cargo por los tribunales.
“No voy a hablar a título personal, sino que en representación de los 12 mil soldados que están activos, de los cuatro mil auxiliares, cinco mil oficiales que están en condición de retiro y más de 100 mil reservistas. Tenemos una formación que nos manda cuáles son las obligaciones que debemos cumplir con lealtad, honor y sacrificio”, dijo Vásquez Velásquez, cuando estaba destituido, por oponerse a la distribución del material para la consulta ciudadana que impulsaba Zelaya.
CSJ POR UNANIMIDAD
Al final, los 21 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en un comunicado de 12 puntos, fundamentaron la destitución de Zelaya por cometer una serie de delitos en “contra de la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y el Estado de Honduras”.
La decisión del alto tribunal judicial respondía así a un requerimiento del Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, quien acusó al presidente Zelaya.
De acuerdo con Rubí, Zelaya atentó contra la forma de Gobierno al intentar despojar “en todo o en parte” al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia “de las prerrogativas y facultades que les atribuye la Constitución”.
Tanto el Congreso como el Poder Judicial habían ordenado a Zelaya abstenerse de efectuar la consulta ciudadana.
El entonces mandatario puso oídos sordos.
ZELAYA QUEDÓ SOLO
La defensa de Zelaya estuvo basada, en todo momento, en su derecho a efectuar una consulta ciudadana.
Nadie más acompañó el alegato presidencial, ni siquiera el Tribunal Electoral, que se opuso a distribuir el material para la consulta, el cual estaba resguardado en 814 cajas en la base aérea Hernán Acosta Mejía.
Zelaya decidió entonces que el Ejército de Honduras se hiciera cargo del trabajo y de paso destituyó a Vásquez Velásquez cuando éste se opuso.
Pero eso fue lo de menos. Lo más grave fue, a criterio del Poder Judicial, las constantes violaciones constitucionales.
EL ARTICULADO CONSTITUCIONAL
Cuatro artículos constitucionales sellaron el destino de Zelaya como Presidente.
El artículo cuatro de la Constitución de Honduras señala que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”.
Además, el artículo 42 de la Constitución añade que un ciudadano pierde sus calidades por “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.
El artículo clave en la disputa, el 239, establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Y el artículo 374 advierte que no podrá reformarse todo lo relacionado con “la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.
JUGÓ AL TODO O NADA
Tras varios meses de conflictos legales, Zelaya apostó al todo o nada con la consulta ciudadana. Zelaya lo perdió todo.
En su comunicado del 29 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Honduras explicó que en fechas de 27 y 29 de mayo; 3, 16, 18, 25, 26 y 28 de junio, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público emitieron diversas resoluciones y levantaron acusaciones en contra de Zelaya, oponiéndose a la consulta ciudadana y especificando los delitos de traición a la patria que provocaban el interés por la reelección presidencial.
ZELAYA VERSUS ZELAYA
Desde el 27 de mayo, un mes antes de la consulta, Jorge Alberto Zelaya Saldaña, juez titular del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional, había resuelto suspender el procedimiento de consulta ciudadana organizado por el presidente Zelaya, quien había emitido un Decreto Ejecutivo desde el 23 de marzo, llamando a la famosa “cuarta urna”.
El juez Zelaya insistió el 29 de mayo, ante el presidente Zelaya, que todo acto general o particular relacionado con la consulta ciudadana estaba suspendido.
El entonces mandatario inició el combate perdiendo el primer round.
El presidente Zelaya recurrió de amparo ante la resolución judicial, pero la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con fecha 16 de junio, dio la razón por unanimidad de votos al Juez y no al Presidente.
Era el segundo round que perdía Zelaya en menos de un mes.
EL GOLPE MORTAL
Contra las cuerdas, el presidente Zelaya tomó una decisión mortal el 24 de junio: destituir a Romeo Vásquez Velásquez de su cargo de Jefe del Estado Mayor conjunto de las poderosas Fuerzas Armadas de Honduras.
La decisión congeló a la clase política hondureña y crispó a la población, pero el presidente Zelaya terminó más petrificado cuando la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, admitió un amparo el 25 de junio, a favor de Vásquez Velásquez.
El uniformado estaba de vuelta y así a Zelaya se le escapó de las manos el tercer round, tal vez el más costoso de la disputa.
El Poder Judicial de Honduras decidió restituir a Vásquez Velásquez por “los intereses generales de la sociedad y del orden jurídico constitucional”.
LA ORDEN ERA APRESARLO
Fue el propio Vásquez Velásquez, obedeciendo órdenes judiciales, quien envió a los militares al lugar donde dormía el presidente Zelaya la madrugada del 28 de junio.
El fiscal Rubí había logrado la orden de allanamiento para apresar al presidente Zelaya, “en aras de evitar la fuga del imputado”.
Zelaya no escapó, pero los militares comandados por Vásquez Velásquez decidieron llevarlo al aeropuerto y enviarlo a Costa Rica, dejándolo sin patria, familia ni trabajo.
MICHELETTI EN ESCENA
Medios de información de Honduras dieron cuenta, en mayo, que Zelaya presionaba a diversos funcionarios de Gobierno para que la idea de la consulta ciudadana para convocar a una Asamblea Constituyente tuviese un masivo respaldo.
Según versiones no oficiales, Zelaya advertía a los empleados públicos que Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso, era quien estaba listo para asumir la presidencia de Honduras si fracasaba la consulta ciudadana.
Tras la salida de Zelaya, el Congreso designó en el cargo de Presidente a Micheletti.
“El acto del señor Zelaya fue irresponsable, no meditado y de muy poca seriedad”, dijo Micheletti una vez en la Presidencia de Honduras.
