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Deniegan derechos El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) estaría dispuesto a acompañar a la familia de María José Bravo, para que recurra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el desamparo que la está dejando el Estado de Nicaragua. El director del Cenidh, Bayardo Izabá, recordó que ese organismo a través del coordinador de la filial en Chontales, Denis Báez, desde un inicio acompañó de oficio a la familia de la periodista asesinada, el 9 de noviembre del 2004. Izabá manifestó que pese a que durante el proceso, los operadores del sistema de administración de justicia han cumplido con su obligación de defender los derechos de la víctima, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia violentaría la obligación de respetar esos derechos. Por lo que estima que el Estado se haría partícipe de esa violación por no haber tutelado los derechos humanos de María José que es su responsabilidad. El defensor de derechos humanos recordó que los organismos internacionales vigilan la actuación de los Estados y en este caso al Estado nicaragüense por medio de las actuaciones de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia “estaría violando el artículo uno de la Convención americana de derechos humanos que establece la obligación de respetar los derechos”. “Ya el hecho de que se vaya a realizar esa audiencia, denota esa voluntad política de los magistrados de hacer como te decía lo que sea, de quebrantar la legalidad con tal de lograr la libertad de (Eugenio) Hernández”. En este caso, explicó Izabá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene facultades para recibir casos en los cuales se han violado los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de Derechos Humanos. “Estos instrumentos interamericanos reconocen varios derechos humanos, que evidentemente estarían en peligro de ser violentados (...) el primer derecho que se le violentó a María José Bravo es el derecho a la vida, artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, refirió el director del Cenidh. Según Izabá, frente a ese hecho, el Estado está obligado a sancionar a Eugenio Hernández, que ya fue cumplido con la actuación de los operadores del sistema de administración de justicia. Sin embargo, recordó que la sanción está en riesgo con una posible decisión de la Sala Penal de la Corte y “vendría a incurrir en la violación de la obligación de respetar los derechos y el Estado se haría partícipe de la violación al derecho a la vida, por no haber tutelado los derechos humanos de María José, que es su responsabilidad”. Izabá mencionó que también estarían violentando el principio de legalidad contemplado en la misma convención. El artículo 25 de esa convención establece la protección judicial, de toda persona. En el numeral dos establece que los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”.

¿La negociaron? El director del Cenidh, Bayardo Izabá, consideró que los magistrados liberales consiguieron imponer otra audiencia “con la voluntad de los magistrados del Frente Sandinista”, con lo cual “están evidenciando que algo están negociando”, pues las decisiones que ha tomado esa sala “están favoreciendo al condenado Hernández”.

Una continuación de la audiencia de casación acordada por algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del asesinato de María José Bravo, “es violentar el debido proceso, es violentar la legalidad, es violentar el derecho de acceso a la justicia, de los familiares de la víctima”, estima el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Bayardo Izabá.

Para el defensor de derechos humanos esta disposición lo que evidencia es la voluntad política existente por quebrantar la legalidad, “de hacer lo que sea en aras de lograr la libertad del asesino de María José Bravo”, Eugenio Hernández.

Destacó Izabá, que Hernández fue juzgado y sentenciado por un juez técnico, a petición de éste, por lo que los procedimientos de apelación e incluso de casación, según la ley, lo que deberá revisar “son errores, omisiones, malas calificaciones de prueba, defectos formales y defectos de fondo del proceso”.

Mencionó que el artículo 396, del Código Procesal Penal (CPP), establece la realización de una audiencia la que ya se celebró. La parte final del mismo artículo, indica “clausurada la audiencia, o no celebrada por la inasistencia de las partes, la Sala pasará a deliberar y dictará sentencia fundadamente en el plazo máximo de 30 días”. Pero la sala Penal no sólo prepara otra audiencia sino que citará a otros testigos, que no comparecieron al juicio oral y público e incluso que se incluya a la Juez de primera instancia.

“Vemos como oficiosamente algunos magistrados de la Sala Penal de la CSJ, están promoviendo la realización de un nuevo juicio oral y público”, indicó Izabá quien recordó que un juicio no se realiza dos veces. “En cualquiera de los sentidos las actuaciones de la Corte contribuyen a favorecer los intereses del condenado Hernández”.

ATROPELLO

En sus críticas al Poder Judicial, Izabá sostuvo que los magistrados de la Sala Penal, “han llegado al extremo de atropellar de manera excesiva (...) a los propios funcionarios del Poder Judicial como se trata de la juez (Rosa Inés) Osorio, a la que pretenden prácticamente juzgar, lo cual nos parece excesivo”.

Al tiempo que expresó, que si consideran que la juez se excedió en alguna irregularidad, eso tendrían que verlo en otro proceso.

Extraoficialmente se conoció el miércoles que la juez Osorio estaba en la lista de testigos que serían convocados para esa audiencia.

Consultada Osorio, dijo desconocer en calidad de qué será citada, “porque como juez dicto mi sentencia y soy autónoma”.

Y añadió Osorio que la balanza se inclina cuando el juez dicta sentencia “y yo me incliné a un lado en base a las pruebas que observé y pude escuchar en el juicio oral y público (a favor de Maria José y en contra del asesino)” .

No obstante, aclaró que de ser citada por los magistrados, acudirá pues éstos son sus superiores. Pero insistió en que ella dejó sustentada la sentencia, una vez que condenó a 25 años de presidio a Hernández. María José fue asesinada el 9 de noviembre del 2004, en Juigalpa, Chontales.

Izabá, mientras tanto recordó que las pruebas que Osorio desechó por considerarlas que fueron “fabricadas”, como denunció la judicial en declaraciones a LA PRENSA, no pueden ser consideradas en ningún momento por la Sala Penal, porque ya fueron desechadas.

Las pruebas a las que se refirió Izabá, son las de la llamada “bala saltarina”, que la defensa de Hernández introdujo incluso en casación y que ha sido retomada por los mismos magistrados de la Sala Penal. “Esa es una decisión que tomó la juez, y habrá tenido sus razones”, apuntó.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, indicó que en este caso existen dudas razonables”, pero reconoció que “lamentablemente no es lo correcto, porque ya hay una sentencia firme y ya hay una persona que está pagando esa condena”.

(Con colaboración de Mercedes Sequeira)