publicidad

CPDH condena Marcos Carmona, de la CPDH, condenó el silencio de Telcor en el caso de radio La Ley y cuestionó al Gobierno por las acciones que ha tomado en contra de la prensa independiente. “Consideramos necesario llevar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también vamos a revisar lo que establece nuestro Código Penal, porque cuando un funcionario abusa de sus atribuciones, éste en alguna medida tiene responsabilidades penales”, advirtió Carmona. Santiago Aburto denunció que en el allanamiento a la radio, el 19 de junio último, en que ni siquiera hubo orden judicial, no sólo le confiscaron los equipos de la radio, sino hasta dinero en efectivo y correspondencia personal. Aburto sostuvo que en el allanamiento le decomisaron 4 mil 200 córdobas y 500 dólares. El afectado dijo que el día de los hechos actuaron como paramilitares en su contra.

Amenazas Santiago Aburto responsabilizó ayer al presidente Daniel Ortega de cualquier acción que suceda en su contra o en perjuicio de su familia. Según Aburto, en 2006 efectuaron disparos en su contra, pero la Policía Nacional nunca resolvió el caso, y luego ha recibido amenazas en las que le dicen que aparecerá “mosqueado”.

Santiago Aburto, representante de la clausurada radio La Ley, sostuvo ayer que las autoridades del ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, no respondieron en el término legal de 15 días a un recurso de reposición, por lo cual tendría todos los derechos para sacar al aire la radioemisora.

Aburto dijo que invocará el derecho de “silencio positivo”, ante la negativa de Telcor de responder el recurso de reposición que introdujo el 29 de junio.

La radioemisora, con sede en Sébaco, fue cancelada por Telcor el 19 de junio y la Dirección General de Aduanas (DGA) confiscó todos sus equipos de transmisión y hasta dinero en efectivo, según Aburto.

“Hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta o notificación oficial del recurso legal interpuesto en tiempo y forma por el suscrito ante el ente regulador, Telcor, que por el silencio positivo establecido en el reglamento a la Ley 200 (...) se considera que el funcionario de Telcor, ante quien recurrí, ha resuelto a favor del suscrito y por ende radio La Ley va a salir nuevamente al aire, ya que se considera un recurso legal resuelto a favor del recurrente”, explicó Aburto.

El dueño de radio La Ley presentó ayer una denuncia pública ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) y hoy lo hará ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).

Aburto manifestó que las autoridades de Telcor, al cerrar radio La Ley, violaron una serie de artículos constitucionales, de la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, así como del reglamento de la misma.

Dentro de la lista de irregularidades, Aburto indicó que el cierre de la radio obedeció a un revanchismo político de las autoridades de Gobierno.

Además, mencionó que el Artículo 68 constitucional establece que no se podrá decomisar, como cuerpos del delito, ningún medio destinado a la difusión del pensamiento.

Pero a radio La Ley la DGA le quitó todos sus equipos de transmisión.

La radioemisora nunca fue sancionada tres veces antes de ser cancelada, lo cual representa otra violación legal; además de que nunca le abrieron un expediente, para que los representantes legales pudieran defenderse.

“Telcor actuó descaradamente, de manera fulminante conmigo, de manera ilegal, arbitraria, irrespetando las normas jurídicas, su reglamento en el contrato y no se abrió ningún expediente”, expresó Aburto.

“En este momento me estoy enfrentando a un Goliat, aquí las leyes son papel mojado, son papel higiénico”, añadió.