Periodistas del Diario LA PRENSA y de otros medios protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los intentos de magistrados de la Sala Penal de liberar al asesino de la periodista María José Bravo, quien murió a manos del ex alcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández González, condenado a 25 años de presidio.
Jenny Muñoz, periodista de LA PRENSA, explicó que los colegas de María José, se unieron para protestar ante los magistrados de la Corte porque éstos han elaborado cuatro proyectos de sentencia para beneficiar con la libertad a Hernández González.
Durante la protesta ingresaron a la Corte los magistrados Armengol Cuadra y Yadira Centeno. Cuadra, presidente de la Sala Penal, se molestó con los periodistas porque le exigían justicia cuando él trataba de explicar que estaba separado de la causa porque un hermano suyo es el defensor de Hernández González.
La magistrada Centeno, suplente de Cuadra en la Sala Penal, dijo desconocer los proyectos de sentencia. Los vigilantes de la Corte trataron de evitar que los periodistas abordaran a los magistrados. En un forcejeo lastimaron a dos mujeres.
Los periodistas de LA PRENSA explicaron a los medios que con una serie de tecnicismos los magistrados liberales de la Corte están tratando de presentar como un suceso accidental el crimen contra la corresponsal de LA PRENSA en Chontales, María José Bravo.
Rosario Montenegro, quien fue jefa de Bravo en LA PRENSA, manifestó que los magistrados han alegado que faltan pruebas en el expediente del caso de María José Bravo, porque la Policía investigó mal el caso y la acusación de la Fiscalía fue deficiente.
Montenegro rechazó que por fallas en el actuar de la Policía y de la Fiscalía se vaya a afectar el derecho a justicia que tiene Bravo, quien dejó en la orfandad a un niño de cuatro años de edad.
CUAREZMA SEÑALA ERRORES
El magistrado Sergio Cuarezma recibió a los periodistas de LA PRENSA, Canal 2, Canal 8, Canal 10, Canal 12, Canal 100 por ciento Noticias, El Nuevo Diario y de diferentes radios que se sumaron a la protesta.
El judicial explicó a los periodistas que la Fiscalía, en su acusación, dijo que Hernández González un día antes del crimen anduvo preguntando por María José Bravo, pero que el testigo que iba a sustentar ese dicho no se presentó a declarar en el juicio.
Cuarezma también señaló que, de acuerdo con reportes periodísticos, el jefe policial Otilio Duarte habría advertido a María José Bravo que la querían matar, pero este testigo tampoco fue llamado a declarar.
La acusación de la Fiscalía también dice que Hernández González disparó directo a Bravo, pero el perito policial Marvin Garay determinó que la bala que segó la vida de la periodista llegó achatada al cuerpo de ella, porque primero había impactado en superficie sólida, citando la teoría de la “bala saltarina” que para muchos es absurda.
HAY 16 PRUEBAS EN EL LIMBO
El colmo de la situación es que existen cerca de 16 pruebas periciales, de las cuales los soportes no se encuentran en el expediente del caso, porque según la Fiscalía las tiene la Policía y “sin pruebas no se puede condenar a nadie”, explicó Cuarezma.
Además los testigos, que no llegaron a declarar tampoco fueron obligados a rendir testimonio a como permite la ley.
Cuarezma calificó como una “estafa judicial” la sentencia que condenó a Eugenio Hernández, lo cual causó la reacción de los periodistas de LA PRENSA, quienes no se sintieron satisfechos con la explicación del magistrado.
Otro magistrado que recibió a los periodistas fue el sandinista Rafael Solís, quien prometió que la próxima semana discutirá el caso en la Sala Penal y que hasta podría proponer que se llame a declarar a los testigos que no lo hicieron en el juicio.
Otra solución sería anular el presente proceso y realizar otro, pero sería la última opción, señaló Solís, porque algunos testigos habrán perdido los recuerdos de los hechos.
Los magistrados liberales han elaborado cuatro proyectos de sentencias para liberar a Hernández González. Los dos primeros por la ex magistrada liberal Nubia Ortega, quien admitió que “había hecho todo por ayudar a salir de la cárcel al ex alcalde de El Ayote”, pero sus propuestas no fueron avaladas.
Los otros dos proyectos de sentencia han sido elaborados por el nuevo magistrado de la Corte, Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán. El primero lo hizo calificando el crimen como exposición de personas al peligro con resultado de muerte, con una pena mínima para Hernández; mientras que en el último, se califica como homicidio doloso y se le impone una pena de seis años de prisión. Hernández está condenado a 25 años de cárcel.
