En Filadelfia, Pensilvania, se aprobó el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, escrita por Thomas Jefferson. En su inicio ésta dice que “todos los hombres son creados iguales, y ellos están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, en lo que se constituyó como el primer instrumento con valor legal que determina a la libertad como un derecho del hombre, tanto natural como legal, con el que uno nace. De igual forma, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en diciembre de 1948 en el Palacio del Trocadero, en París, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo primero reafirma que “todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
El derecho a ser libre impone en el ser humano un gran peso, el de ser responsable por las decisiones que toma y que en suma determinarán su éxito o fracaso. En su ensayo de 1859 On Liberty, el filósofo y economista John Stuart Mills determina los límites de nuestra libertad en “el principio del daño”. Para Mills la libertad es “buscar nuestro propio bien de nuestro propio modo, mientras no intentemos privar a los demás de ese mismo bien”. En síntesis, el filósofo inglés nos aclara que nuestra libertad no puede llegar al punto de interferir en los derechos de los demás. Mi catedrático de filosofía de la Universidad de Oglethorpe, en Atlanta, Georgia, me explicó dicho fenómeno utilizando el tráfico vehicular como ejemplo. Uno es libre de montarse en su vehículo y dirigirse adonde quiera por la ruta que más le plazca, pero al llegar a la luz roja tenemos la obligación de detenernos, pues de no hacerlo interferimos con el derecho de circulación de los ciudadanos que tienen luz verde. Para definir en qué situaciones terminan nuestros derechos y empiezan los de los demás están las leyes consensuadas por la sociedad y para hacerlas cumplir existe una autoridad, reconocida por todos y representada en el Gobierno. O sea que la autoridad de la que están investidas las diferentes ramas del Gobierno no está para coartar la libertad de nadie, sino más bien para garantizarla, sirviendo de garante de los derechos de los gobernados. Para Thomas Molnar, profesor de filosofía de la Universidad de Budapest, la autoridad no debe ser ni buena ni mala, sino consistente en garantizar el orden dentro de una sociedad donde siempre existen desigualdades, “por ser el mundo de los hombres eterno campo de batalla entre la libertad y la coerción, el bien y el mal, las aspiraciones individuales y los objetivos sociales”.
Este derecho de ser libre lo podemos dividir en varios tipos de libertades: la libertad de reunirse, la de asociarse, movilizarse, de prensa, religión, expresión, de información y por último la libertad de pensamiento. Todos estos principios deben ser adoptados por cualquier administración, para considerarse un gobierno democrático. Pero hoy vemos ejemplos de regímenes que se llaman a sí mismos democráticos, sólo por el hecho de realizar elecciones libres. Casos como el de Irán (aunque pareciera que sus elecciones no fueron tan libres) o Venezuela se me vienen a la cabeza. Pero lo más insólito para mí es ver cómo, con doble moral e hipocresía, la OEA invita al régimen cubano a incorporarse casi al mismo tiempo en que expulsa al hondureño.
Si Aristóteles estaba en lo correcto, podemos decir, y debemos estar convencidos, que no existe definición de democracia que esté completa sin el principio de libertad. En la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre del 2001, el artículo tercero dice textualmente: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
No entiendo con cuál parte de este artículo está cumpliendo Cuba; tanto Raúl Castro como el señor Insulza deberían tomarse un tiempo y leerlo. Al parecer, Insulza se ha infectado del virus más común de la región: el del continuismo.
