En un país con débiles controles institucionales, que suman a la misma Contraloría General de la República (CGR) como una de las causantes, al presidente Daniel Ortega se le ocurrió que el Banco Central de Nicaragua (BCN), que rige la política monetaria, financiera y económica del país, debe autofiscalizarse.
El proyecto de la nueva Ley Orgánica del BCN, que Ortega envió a inicios de junio a la Asamblea Nacional, exaltó incluso al presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, quien en otras ocasiones durante la administración actual ha preferido el silencio cuando se trata de casos muy relevantes, enviándolos a análisis a la Dirección Jurídica o declarándose convenientemenente desinformado.
En la propuesta legislativa, que ya se encuentra en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, se reduce al auditor interno a su mínima expresión, quien deberá informar de su labor al Consejo Directivo del BCN.
Por ejemplo, el artículo 30 del proyecto de ley establece que: “Las funciones de inspección y fiscalización de las operaciones y de las cuentas del Banco Central estarán a cargo de un Auditor Interno, que será nombrado por el Consejo Directivo del Banco ante el cual responderá (...)”.
Y agrega que: “El Auditor Interno del Banco actuará con independencia en el desempeño de sus labores y mantendrá informado al Consejo Directivo del Banco del desarrollo de sus funciones de control”.
En cambio la actual Ley Orgánica del BCN, aprobada en 1999, establece en su artículo 30 que: “Los estados contables de fin de período del Banco deberán conformarse con normas de contabilidad generalmente aceptadas, y contar con la opinión de auditores externos designados por el Consejo Directivo, de entre aquellas firmas de reconocida competencia internacional, debidamente registrados en la Contraloría General de la República. Dichas firmas no podrán realizar estas auditorías por más de tres períodos consecutivos”.
EL ARTÍCULO MÁS PELIGROSO
Argüello Poessy comentó el artículo que más los incomodaba. El número 22 del proyecto de ley establece que “el Consejo Directivo tiene las facultades de nombrar y remover a instancias del Presidente, al gerente general y al auditor interno”.
El presidente de la CGR reaccionó: “Estamos caminando hacia atrás. ¿Qué pretende la Presidencia del Banco Central? La Constitución es clara. A la CGR le compete el control de las finanzas públicas”, recordó.
Argüello Poessy describió, leyendo artículo tras artículo, lo que él considera un modo de convertir a una de las instituciones más serias del país en un banco con demasiadas libertades.
“El Presidente quiere crear un paraíso fiscal sin control de nadie. Definitivamente quieren crear no el Banco Central de los Nicaragüenses, sino un banco especial en Las Bahamas, Gran Caimán...”, ironizó Argüello Poessy, rodeado de buena parte de su equipo de trabajo, al término de una reunión regular ayer jueves.
Argüello Poessy aseguró que los contralores no se quedarán quietos. Enviarán una comunicación haciéndole ver sus puntos de vista al Primer Secretario de la Asamblea Nacional, el diputado liberal Wilfredo Navarro, y al despacho de Ortega, quien promueve la ley.
Ortega en el pasado ha promovido el debilitamiento de los controles públicos, diciendo que la ley de contrataciones no ayuda a las contrataciones públicas, un punto en que los contralores sí lo han apoyado.
ROSALES GUARDA SILENCIO
Con un Argüello Poessy molesto, el presidente del BCN, Antenor Rosales, prefirió el silencio cuando se le preguntó ayer.
Sólo atinó a decir que la nueva Ley Orgánica del BCN es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que, no habiendo escuchado las declaraciones de Argüello Poessy, preferiría analizarlas y comentarlas luego.
