Una mujer quedó “en estado vegetativo permanente” tras una cesárea de emergencia que le practicaron en la clínica previsional Santa Gema, de Masaya, donde aparentemente hubo un manejo inadecuado a un embarazo de alto riesgo.
Una comisión médica del Instituto de Medicina Legal (IML), constituida a solicitud de la Policía Nacional, determinó que “en la paciente Clara Meneses no se tomaron en cuenta los factores de riesgo”. La gerente de Atención Médica de la clínica, doctora Marisol Díaz Téllez, refirió que Meneses tuvo una complicación de su embarazo con una patología denominada placenta previa. Y alegó que, a causa de esto, la paciente presentó un sangrado considerable que le provocó un shock hemorrágico que la llevó a sufrir un paro cardíaco.
El 27 de septiembre del 2008 “la paciente presentó paro cardiorrespiratorio que conllevó a una encefalopatía hipóxico-isquémica y ésta a una secuela permanente con estado vegetativo permanente”, concluyó la comisión del IML.
Según los cuadernos de neurología: “La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) es el síndrome producido por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral al encéfalo. Puede ser provocada por una hipoxemia sistémica (asfixia, insuficiencia respiratoria), una alteración en el transporte del oxígeno (anemia aguda, intoxicación por monóxido de carbono) o una reducción del flujo sanguíneo cerebral (paro cardíaco)”.
La comisión médica constituida por tres expertos forenses del IML indicó que, debido a que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo, “con datos ultrasonográficos de placenta previa, con un sangrado transvaginal de seis horas, con un producto viable y con un peso adecuado para su edad gestacional y procedente de una zona rural alejada”, representaba factores de riesgo. A criterio de la comisión, por proceder de zona alejada la paciente, se debió decidir su ingreso al momento de su último control prenatal para prevenir posibles complicaciones o inicio de sangrado.
A su vez, los expertos mencionan que debió considerarse en este caso “la aplicación de anestesia general previendo mayor tiempo quirúrgico ante cualquier complicación como la atonía uterina (cuando la contracción uterina no se realiza tras el parto y da lugar a una importante hemorragia)”, sobre todo porque ésta había sufrido seis horas de sangrado previo a la cirugía.
Sudelva María Sequeira Guadamuz, abuela de Meneses, acudió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) acompañada de los seis hijos de la afectada, para reclamar justicia en el caso de su nieta. Criticó que en una ocasión acudió al Silais local, donde le indicaron: “Mire, nosotros no podemos meter las manos”. Dijo que al advertirles que recurriría a los derechos humanos, afirmó que la respuesta fue de: “Váyase donde usted quiera, donde usted pueda ir”.
Álvaro Leiva, a cargo de la filial de la CPDH, en Masaya, manifestó que ese organismo determinó que hubo violación a los derechos humanos de Meneses “por la falta de atención y por la falta de cumplimiento de procedimientos científicos y técnicos de forma oportuna”. Leiva criticó también la actuación del Silais que aún no emite una resolución sobre el caso, pese a que tiene la función de regular el servicio de salud que se brinda en el país.
