El Gobierno acordó ayer indemnizar con 1,200 manzanas de tierra del ingenio Javier Guerra, en Nandaime, a 4,094 ex cañeros que desde hace 16 años reclamaban al Estado de Nicaragua el pago, después que, según alegaban, fueran excluidos durante el proceso de privatización de los ingenios azucareros del país.
Tras dos años y medio de reuniones, ayer fue firmado el acuerdo de traspaso de la propiedad entre el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y diez representantes de los ex cañeros.
“Se lo estamos dando a los que verdaderamente son los dueños, a los que debió habérseles entregado en los años anteriores”, sostuvo el Procurador General de la República, Hernán Estrada.
En su demanda por su indemnización los ex cañeros acudieron a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, en busca de acompañamiento en una demanda contra el Estado de Nicaragua. Fue por ello que a la firma de los acuerdos asistió el procurador Omar Cabezas Lacayo.
A partir de la fecha la administración del bien inmueble y de los activos pertenecientes a la Corporación Nicaragüense de la Agroindustria Azucarera (Conazúcar) —parte de los cuales están en arriendo por parte de la sociedad Compañía Azucarera del Sur Sociedad Anónima (Casur)— pasa a manos de los más de cuatro mil ex cañeros.
Estrada dijo que ya han informado a esa sociedad de quiénes son los nuevos dueños. Lo que significa que en el próximo ciclo agrícola los beneficiados ya podrán recibir lo concerniente al arriendo de la propiedad, dijo Estrada.
Según el acuerdo firmado ayer, el pasivo a favor de cada uno de los más de cuatro mil cañeros debió haber sido de unos tres mil dólares, “monto que el Estado en las actuales circunstancias no está en condiciones de erogar financieramente, razón por la cual los beneficiarios aceptan modalidades alternativas de reconocimiento al daño causado”.
Estrada mencionó que por parte de la Cornap están entregando otras modalidades complementarias, como beneficios de programas sociales, entre los que mencionó bonos productivos, Casas para el Pueblo y también la posibilidad de otorgarles bonos de indemnización.
Juan José Torres Hurtado agradeció la respuesta ofrecida ayer, pues consideró fue “una demanda justa”, tras más de dos años de reuniones con la Procuraduría General de la República.
Estrada no especificó cuál puede ser el valor de la propiedad entregada, pero explicó que según el valor del mercado puede oscilar en varios millones de dólares.
El procurador indicó que el Gobierno apoyará a los beneficiados, para saber si pueden reactivar el complejo agroindustrial con financiamiento externo. “Nosotros vamos a ayudarles a estos compañeros (...) a que hagan la mejor inversión”, indicó Estrada.
