La Procuraduría Ambiental iniciará en julio una campaña administrativa contra el ruido, que podría convertirse en legal si los infractores no cumplen con la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
El anuncio lo hizo el procurador ambiental José Luis García, quien recordó que no sólo las industrias y las iglesias contaminan el medio ambiente con ruido, sino también las casas comerciales.
García dijo esto a propósito del caso Hielo Sequeira, cuya contaminación acústica sólo se detuvo tras la quiebra económica de la empresa.
“Aquí vamos más allá de las iglesias evangélicas, porque los fines de semana las casas comerciales y los supermercados sacan grandes parlantes para llamar a los clientes, si importarles que la gente aprovecha estos días para descansar”, aseguró el Procurador.
García explicó que antes la Procuraduría no actuaba porque la ley se lo impedía, pues como abogado del Estado sólo conocía de un caso cuando todas las vías administrativas se agotaban.
Sin embargo, con la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente, ahora sólo se necesita medir los decibeles de un ruido para actuar en contra de los infractores.
La ley penaliza los “sonidos a mayores decibeles a los establecidos por las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, que es de 65 decibeles. Una cantidad mayor a ésa es considerada dañina para la salud.
A pesar de esto, es normal encontrar parlantes con alto volumen, sobre todo en las zonas comerciales, de establecimientos que invitan a la gente a entrar y comprar, más aún cuando se trata de rebajas. Se trata de una forma de llamar la atención en momentos de crisis económica.
Por esta razón, Doraldina Zeledón, estudiosa del tema en Nicaragua, celebró la decisión. “Me alegra, pero la población también tiene que cooperar no haciendo ruido y denunciando cuando sea necesario... no una persecución, sino simplemente aplicar las leyes”, dijo.
En el mismo sentido se expresó el Procurador. “No es una persecución contra la empresa privada, lo que queremos es que se cumpla la ley, porque la gente necesita descansar, recordemos que el impacto acústico es acumulativo”.
Zeledón afirmó que “en el sector comercio hay mucho ruido. Además de no cumplir con las leyes ambientales y de salud, se violan los derechos de los trabajadores y las leyes y decretos laborales. La Procuraduría Ambiental debería hacer un trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo”.
El programa para eliminar el ruido los fines de semana está apenas por culminar, se contempla inicialmente aplicar penas que van de los cinco mil córdobas a los 20 mil córdobas. No obstante el procurador García insistió en que lo importante es detener las infracciones para ir eliminando los delitos acústicos.
