La tramitación de un recurso de apelación podría suspender la ejecución de la libertad condicional otorgada por una juez de Matagalpa a José Daniel Vargas López, condenado a 15 años de presidio y cinco de prisión (de acuerdo al viejo Código de Instrucción Criminal), la primera pena como cómplice del triple asesinato en el que una de las víctimas fue el diputado conservador José Cuadra García.
Vargas apenas lleva nueve años y medio en el Sistema Penitenciario Regional de Waswalí, cinco kilómetros al suroeste de la ciudad de Matagalpa, pero fue beneficiado con la libertad condicional otorgada este miércoles por la titular del Juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Matagalpa, Martha Lorena Loáisiga Cruz, a petición de la defensora pública Ruth Berríos Zepeda.
Cuadra militaba en el Partido Conservador, era directivo de la Asamblea Nacional y criticaba constantemente la corrupción gubernamental cuando fue asesinado en una emboscada el 18 de agosto de 1999 en el sector conocido como Colonia Agrícola, en el municipio Rancho Grande, donde tenía una finca.
Al ser emboscado, Cuadra manejaba una camioneta en la que le acompañaba su amigo Julio Enrique Ruiz Morales, mientras en la tina del vehículo iba Francisco Celino Lazo Martínez, conductor del parlamentario. Los tres fueron acribillados a balazos.
El abogado matagalpino y dirigente nacional del Partido Conservador, Julio Ruiz Quezada, padre de Ruiz Morales, apeló de la resolución emitida por la juez Loáisiga, pidiendo la suspensión de la ejecución de la libertad condicional de Vargas hasta que el recurso de apelación sea resuelto por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte.
La apelación fue presentada el miércoles en el despacho de Loáisiga, sin embargo, la judicial no se había pronunciado sobre la admisión o no del recurso.
FIANZA HASTA POR C$2,000
Hasta el miércoles, Vargas sólo había cumplido nueve años, seis meses y 13 días de la condena, según el cálculo hecho por Loáisiga, quien tomó como referencia una hoja de evaluación de conducta emitida por la Dirección Penitenciaria de Matagalpa, según la cual el reo habría sido detenido el 12 de agosto de 1999, seis días antes del crimen.
En su resolución, Loáisiga impuso a Vargas una fianza personal y pecuniaria por dos mil córdobas, la cual debe depositar en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia.
Entre otras medidas, la judicial también impuso un período de prueba de cinco años, por lo que Vargas debe presentarse anualmente a ese Juzgado para firmar el libro de control de reos, lo que puede hacer en la primera quincena de marzo de cada año, hasta el 2014.
Durante ese período de prueba, Vargas y sus familiares no deben residir en el lugar donde ocurrió el crimen y tampoco frecuentarlo.
CONDENADOS A PENA MÁXIMA
Como coautores del triple asesinato y otros delitos, los hermanos Modesto y Apolinar Pérez Blandón, además de Domingo Blandón Paiz, fueron condenados a 30 años de prisión, por sentencia dictada el 22 de mayo de 2000 por Maribel Mena Maldonado, entonces juez Segundo de Distrito Penal del Crimen de Matagalpa y actual magistrada del Tribunal de Apelaciones en Estelí.
En la misma sentencia, la juez Mena condenó a Vargas a 15 años de presidio como cómplice del triple asesinato, calificado entonces por el Código Penal como asesinato atroz; 10 años de presidio como cómplice de robo con intimidación en perjuicio de las mismas víctimas; 10 años de prisión como coautor de robo con fuerza en perjuicio de Julio Ruiz Quezada (padre de Ruiz Morales) y cinco años de prisión por asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.
REFORMÓ SENTENCIA
Pero, una sentencia dictada el 14 de mayo de 2008 por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte (TACN) con sede en Matagalpa, reformó la sentencia de primera instancia y condenó a Vargas a 15 años de presidio como cómplice de asesinato atroz y 5 años de prisión como coautor de robo con fuerza.
Según Ruiz Quezada, esa sentencia fue dictada “de oficio” por la Sala Penal del TACN, y le rebajaron diez años sin que lo pidiera ningún defensor.
Ruiz consideró que con la libertad condicional para Vargas “siento mi vida amenazada” porque, desde que inició el proceso en el Juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, personas sin identificar han llamado telefónicamente a sus familiares y “a mi esposa Leyla le han dado razón de que si no quiere un ‘regalito’ como el de hace nueve años, que no nos opongamos a esto (libertad condicional para el reo)”.
“PARECE QUE ES UNA POLÍTICA DE ESTADO”
“Parece que es una política del Estado el estar sacando a todos los asesinos que tienen que ver con asuntos políticos”, señaló Ruiz Quezada, indicando que “nunca he dudado que el asesinato de mi hijo fue por razones políticas, no propiamente para matarlo a él, sino para matar al diputado Cuadra”.
De acuerdo con Ruiz Quezada, “ese día que los asesinaron, el diputado Cuadra iba precisamente a la Asamblea Nacional a votar contra el pacto, y en la propia vela de Cuadra, su suplente, cuyo nombre no recuerdo, ya estaba diciendo que iba a votar a favor del pacto. Quiere decir que ya lo habían comprado (al suplente)”.
