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Un informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala documentó más 200,000 muertos y desaparecidos durante la guerra civil y responsabilizó al Ejército del 93% de esos crímenes. (LA PRENSA/AP/Rodrigo Abd)
Militares desaparecen archivos
Ejército de Guatemala entrega documentación incompleta de la guerra civil
Eran las principales pruebas del genocidio y torturas practicados por militares
GUATEMALA/ ACAN-EFE y AFP
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Crímenes son imprescriptibles

La apertura de los archivos del Ejército permitirá la identificación de los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil que desangró a Guatemala, aseguró ayer el presidente del Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, Ramón Torres Molina.

“Nuestra experiencia indica que, a veces, es más difícil identificar a los autores materiales de los hechos, que a la cadena de mando que la tenemos determinada. De ahí que se pueda juzgar, de acuerdo al lugar donde se registró el hecho, a los jefes de zona, subzona y área”, dijo Torres a la AFP.

“A lo mejor no conocemos al autor material, pero sí esa cadena de mando (que) permite ese juzgamiento. En algunos casos hemos identificado a los autores materiales”, agregó.

Torres dijo que Guatemala debe tomar en cuenta que esta clase de crímenes son delitos contra la humanidad, imprescriptibles, a los que no se les puede aplicar ningún tipo de amnistía o limitaciones en el juzgamiento.

La justicia rechazó los archivos que le fueron entregados el miércoles por el Ejército de Guatemala, por considerar que están “incompletos”, informó ayer una fuente judicial. La apertura de dichos archivos permitiría la identificación de los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil que desangró esta nación entre 1960 y 1996.

Un portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo a Acan-Efe que el juez Jorge Mario Valenzuela, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala, se negó a aceptar los archivos “porque sólo fueron entregados dos de los cuatros planes militares que fueron solicitados”.

En cumplimiento de una orden girada por el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, en febrero del año pasado, y a un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, el Ejército entregó este miércoles a la justicia los archivos clasificados sobre su actuación entre 1978 y 1983, período durante el cual se cometieron sangrientas violaciones a los derechos humanos.

Pese al anuncio de Colom este miércoles ante miles de familiares de las víctimas del conflicto armado de que los archivos entregados al tribunal correspondían a los planes de las campañas contra-insurgentes denominadas “Victoria 82”, “Sofía 82”, “Ixil 82” y “Firmeza 83”, los militares sólo entregaron dos de ellos.

“El ministro (de la Defensa, Abraham Valenzuela González) sólo entregó los archivos denominados Victoria 82 y Firmeza 83. Sobre los otros dos (Sofía 82 e Ixil 82) aseguró desconocer su existencia”, precisó la fuente.

Por consiguiente, agregó, el juez Valenzuela ordenó al Ejército entregar “todos los documentos solicitados”, en una audiencia especial fijada para el próximo 6 de marzo, la cual se realizará en la sede del Ministerio de la Defensa.

Según organizaciones de derechos humanos, en esos documentos constan las órdenes emitidas a las diferentes unidades militares por el alto mando del Ejército, para combatir a las guerrillas izquierdistas, las cuales también contemplaban el aniquilamiento de la población civil.

EJÉRCITO NO INFORMÓ DESAPARICIÓN

El presidente Colom declaró ayer a la prensa que el Ministro de la Defensa no le informó “hasta anoche” de “la desaparición” de los archivos militares, y aseguró que iniciará una investigación para establecer el paradero de esos documentos.

“Esos archivos estaban bajo resguardo, no se pueden perder”, señaló Colom.

Los archivos militares servirán como prueba documental en un proceso penal que por delitos de genocidio y torturas conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en contra de un grupo de ex altos cargos militares.

Entre los procesados se encuentran los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores; así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.

Estos mismos militares son procesados también ante la Audiencia Nacional de España, que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.

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