Ll barón de Montesquieu (Charles Louis de Secondat, Francia, 1689-1775), no sólo fue un gran teórico de la organización del Estado y creador de la doctrina de la separación e independencia de poderes como fundamento de la democracia, sino también un clarividente político.
Montesquieu, autor de la celebrada obra El Espíritu de las Leyes, advirtió que el poder de juzgar es algo terrible en manos de los hombres y no debería confiarse a cualesquiera individuos, ni siquiera “a un senado permanente”. Es un poder que se le debe asignar a personas cuidadosamente escogidas de entre el pueblo y por el mismo pueblo, “para formar un tribunal que dure solamente el tiempo que requiera la necesidad”. Y agregó que tiene que ser de esa manera, porque a lo que debe temer la sociedad es a la magistratura, no a los magistrados.
Desafortunadamente no siempre ni en todas partes se siguieron los sabios consejos de Montesquieu. Y la consecuencia ha sido que en algunos países, como Nicaragua, la administración de justicia está en manos de magistrados terribles, que han hecho del Poder Judicial de este país el más corrupto de Centroamérica, si no es que de toda América Latina, del hemisferio occidental.
En realidad, la administración de justicia de Nicaragua tiene muy bien merecido su desprestigio, porque es el resultado de las actuaciones y formas de conducta de sus mismos titulares. Así lo demuestran las revelaciones de LA PRENSA sobre el nepotismo, el tráfico de influencias, los empleos fantasmas y otras anomalías graves que ocurren en la cúpula del Poder Judicial. Y lo confirman las reacciones insólitas e insolentes de ciertos magistrados, ante todo del presidente de la Corte, que en vez de preocuparse por las denuncias públicas y comprometerse a investigarlas y corregirlas, como es su obligación, más bien las justifican con desfachatez, descalifican a quienes publican las denuncias y amenazan a los empleados del Poder Judicial que las filtran a los medios.
“Nadie tiene que investigarnos, además que no hay nada que investigar, nadie tiene la facultad de investigarme a mí, ni de destituirme, ni cosa que se le parezca”, desafió el magistrado Manuel Martínez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y agregó que: “El Poder Judicial es autónomo, podemos inventar 100 planillas, tener 500 mil empleados, ésa es potestad del Poder Judicial. ¿Quién investiga al Presidente de la República?, ¿quién investiga a la Asamblea Nacional?, ¿quién investiga a quién? Es decir uno emplea según las necesidades, y este Poder del Estado es un Poder autónomo”, dijo Martínez, sin aclarar si se refería a “necesidades” del Poder Judicial o de las familias de los magistrados.
Antes de tales declaraciones del presidente del Poder Judicial, que dejaron con la boca abierta por la sorpresa a diplomáticos extranjeros y representantes de organismos internacionales acreditados en Nicaragua —aunque no a los nicaragüenses, acostumbrados a escuchar semejantes barbaridades—, otro magistrado de la Corte Suprema, Francisco Rosales, había declarado (LA PRENSA, viernes 20 de febrero de 2009) que la norma contra el nepotismo establecida en la Ley de Probidad “no existe” en la Corte, en la cual, dijo, todos son “una gran familia”.
Pero por supuesto que los principios y normas de la Ley de Probidad son vinculantes para todos los funcionarios públicos, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema, que para los efectos legales son empleados del Estado como cualesquiera otros. Es cierto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser destituidos de sus cargos, pero no por falta de procedimiento legal sino porque ellos mismos declararon inconstitucional la ley de la materia que dictó la Asamblea Nacional, y sobre todo por el acuerdo de impunidad que está implícito en el pacto de Daniel Ortega y su FSLN con Arnoldo Alemán y su PLC.
En realidad, nunca antes hubo en Nicaragua tanto descaro en la cúpula del Poder Judicial, como hay ahora. Incluso en la época somocista, los magistrados se preocupaban por su imagen y cuidaban el prestigio institucional de la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo se puede decir, en términos generales, de los magistrados de la Corte Suprema durante el régimen sandinista de los años ochenta.
Lo que está ocurriendo ahora en el Poder Judicial es el acabose. Y mientras sigan reinando la corrupción y la impunidad resultantes del pacto libero-sandinista, el prestigio de la función judicial y del oficio público en general seguirá cayendo en un abismo que, hasta ahora, pareciera no tener fondo.
