“Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!”. Rubén Darío: A Colón
La Seguridad Social como tal nace en Alemania producto del proceso de industrialización. Primeramente los trabajadores se organizaron en mutuales de socorro, y casi doscientos años después, en este país, algunos loquitos quieren revivirlas para beneficio propio.
Eran tiempos en que Alemania estaba gobernada por el káiser Guillermo II, quien, como primer gran documento de compromiso social del Estado emite el Mensaje Imperial del 17 de noviembre de 1821, anunciando protección al trabajador, en caso de perder su base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial.
Impulsadas por el canciller Otto Von Bismarck (el Canciller de Hierro) son refrendadas leyes sociales, que representan hasta hoy la base del Sistema de Seguridad Social: el Seguro de Enfermedad en 1883. El Seguro contra Accidentes de Trabajo en 1884 y el Seguro de Invalidez y Vejez en 1889.
Por definición el Seguro Social es un Sistema de Seguros que administra el Estado con su aporte, el de los trabajadores y empleadores, que proporciona recursos financieros y servicios médicos a las personas impedidas por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte y también la protección médica y de ayuda a las familias con hijos.
Esta base universal con más de ciento ochenta años de experiencia y que con pocas variantes que se le han hecho para mejorar su aplicación, se ha visto atacada por algunos gobiernos populistas que la confunden, a sabiendas y para su beneficio, con la Asistencia Social.
La Seguridad Social releva a los gobiernos de otorgar todos los beneficios sociales a los que están sujetos al Sistema de Seguridad Social, que por definición se hace cargo de esta responsabilidad.
En nuestro país los gobiernos han tomado las cotizaciones de los asegurados como fuente de ingresos adicionales, caja chica y origen de prebendas para los funcionarios y un gobierno en los años ochenta probó a utilizar sus fondos para un Sistema Único de Salud y prestación de servicios de Bienestar Social, experimento que fracasó.
Hoy, ese mismo gobierno que no aprendió de su fracaso, está llevando las reservas líquidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a unos experimentos no saludables y hace inversiones en la construcción y reparación de centros de desarrollo infantil, incorporando como pensionados a ex miembros de las tropas Pablo Úbeda, del Ministerio del Interior, y proporcionándoles atención médica y pensiones que los contribuyentes del INSS están muy largo de alcanzar. Y sin haber aportado una sola cotización. Sus méritos: defender un sistema político.
Los jubilados y pensionados de la institución, el que menos, han cotizado setecientas cincuenta cuotas para tener derecho a gozar de ese privilegio pero, al llegar a los sesenta años y jubilarse se dan cuenta que era mejor seguir trabajando y cotizando, pues deja de obtener las coberturas de salud que tiene un trabajador activo, pues su canasta de servicios de salud se ve reducida por un reglamento y tiene serias limitantes, cuando es más necesaria esta cobertura por los embates de la edad y el sistema, al que más perjudica es al sexo femenino, pues sus necesidades de atención en sus enfermedades propias de su sexo, se ven reducidas.
Los miembros de la Asamblea Nacional vieron y comprendieron lo anterior y el 9 de junio de 1993 emitieron la Ley 160, “Que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas” publicada en El Nuevo Diario del 9 de julio de 1993 y que en su Artículo 3 indica que los jubilados gozarán de los derechos en materia de salud, los servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación y en orden enunciativo y no limitativo: i) Servicios médicos que requieran. ii) Exámenes de laboratorio y rayos X, que fueran necesarios. iii) Prestaciones farmacéuticas.
Cuatro gobiernos han ignorado la aplicación de esta ley. Los jubilados y pensionados deben reclamar sus derechos y no permitir que no los traten como ciudadanos de tercera clase. Ellos ya pagaron por esos servicios.
