El Ejército de Nicaragua tasó las 43 manzanas de tierra del cerro Mokorón en mil córdobas, para poder donarlo al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) en 2003, el que pretendía construir propiedades de más de 200 metros cuadrados en el lugar, que en Managua no cuestan menos de 100 mil dólares.
El Mokorón se hizo importante en los últimos años porque se trata de la única zona boscosa de Managua, y el IPSM quiere urbanizarlo. Los vecinos y varios organismos quieren rescatarlo, declarándolo área protegida.
El Centro Humboldt, que realiza una investigación paralela a la oficial, para saber si el cerro le pertenece o no al Estado, mostró una copia de la escritura del cerro, en la que se define el costo del Mokorón en un precio “ridículo”.
El procurador Hernán Estrada dijo esta semana que el cerro está “en manos privadas”, ya que hay varios propietarios particulares además del IPSM. Esto significa que para declararlo área protegida, el Estado tendría que indemnizar a los dueños, o esperar que éstos hagan su propia solicitud.
Sin embargo David Morales, oficial de temas forestales de Humboltd, dijo que “es absurdo” que una empresa sea indemnizada por el Estado después de haber recibido la propiedad en donación.
Morales calificó de inmoral esta posibilidad. No obstante, la inmoralidad se dio desde el inicio, ya que aparentemente se violó el espíritu de la Ley 85, que dice que las transferencias se realizan a instituciones de carácter social, que estén en posesión de la tierra y no tengan otra propiedad.
Lo que nadie ha explicado es cómo una propiedad estatal quedó en manos privadas, tanto del IPSM como de los generales Oscar Valladares y Julio César Ramos, el contralmirante Juan Santiago Estrada y el militar Pedro Agurcia Moncada.
RECHAZO A DONACIÓN
De acuerdo con el Registro Público de Managua, el entonces Ejército Popular Sandinista (EPS), el 25 de febrero de 1991 donó la propiedad que abarca el cerro Mokorón, al IPSM, bajo la Ley 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles pertenecientes al Estado y sus instituciones.
Esta ley se dictó para favorecer a los nicaragüenses que no tenían vivienda y a las personas jurídicas sin fines de lucro, pero no para las empresas privadas, como lo es el IPSM.
Para el Procurador General de la República, Hernán Estrada, la donación no fue realizada debidamente. “En su momento (el Ejército) lo podía hacer (donar el cerro Mokorón), ahora ya no puede, en su momento lo hizo. A mi juicio no lo hizo bien, pero lo hizo”, dijo Estrada.
“Hay un estadio, no sé cómo lo construyeron ni cómo lo autorizaron, pero eso es lo que yo dije, que a la Asamblea Nacional le va a corresponder señalar la vía que vamos a utilizar, porque el Estado no solamente es la Procuraduría, es la Asamblea Nacional también, para proteger la cuenca hídrica”, finalizó.
