El informe final que presentó Ética y Transparencia, el lunes de esta semana, sobre las elecciones municipales de noviembre pasado, indica que por lo menos en el cuarenta por ciento de todos los municipios se perpetró un fraude electoral masivo; y que en prácticamente todas las jurisdicciones municipales del país hubo anomalías de diverso tipo.
Según la oposición el fraude fue mucho mayor y por eso ha demandado y continúa demandando que se haga una revisión masiva de las actas de las Juntas Receptoras de Votos. Sin embargo, tan sólo la dimensión del fraude denunciado por Ética y Transparencia es razón más que suficiente para que el Consejo Supremo Electoral anule las elecciones municipales del año pasado, a tenor del artículo 168 de la Ley Electoral, párrafo segundo, que dice literalmente: “Si las nulidades son de tal magnitud que incidan en los resultados generales de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral declarará nula toda la elección o elecciones verificadas”.
Por supuesto que el Consejo Supremo Electoral, el cual obedece más a las directrices de los caudillos del FSLN y el PLC que a la Constitución y la Ley Electoral, no va a revocar las elecciones fraudulentas de noviembre pasado por la propia voluntad de los magistrados partidistas . Tampoco se puede esperar que el Poder Legislativo apruebe el proyecto de ley de nulidad de las elecciones municipales fraudulentas de noviembre pasado, que fue presentado por representantes parlamentarios de la oposición y yace en algún cajón de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La aprobación de una tal ley pudo ser posible a fines del año pasado, cuando Daniel Ortega y el FSLN no tenían la hegemonía sobre la Asamblea Nacional. Pero ahora que Ortega y el FSLN, gracias a la claudicación del PLC consiguieron el dominio total del Parlamento, sería más que una ingenuidad política esperar que el mencionado proyecto de ley sea aprobado, o tan siquiera sometido al trámite de una comisión dictaminadora.
Lo cierto es que sólo la movilización de los ciudadanos a quienes robaron sus votos mediante el descomunal fraude electoral de noviembre pasado; de los partidos políticos democráticos que no son parte del pacto; de la sociedad civil independiente que gallardamente ha estado dando la cara por el decoro nacional; así como la presión de la comunidad democrática internacional que tiene agarrado por los pelos al régimen orteguista al haberle suspendido la ayuda económica que necesita para cubrir la brecha presupuestaria, es que se podría obligar a Daniel Ortega y a su obediente Consejo Supremo Electoral a anular —por la vía que sea— las elecciones fraudulentas del año pasado, y convocar a nuevos comicios municipales con las garantías indispensables.
La sociedad civil independiente y la oposición democrática están batallando de manera valiente y admirable, para mantener viva la protesta contra el fraude y la demanda de respeto al voto popular. Pero no es fácil motivar a la ciudadanía a movilizarse en unas calles que han sido tomadas por pandillas de individuos violentos, que amenazan y atacan con piedras, garrotes y morteros a los ciudadanos demócratas pacíficos, inermes e indefensos. Y menos con una Policía que tal pareciera que se está quitando el respetable traje de institución nacional y volviendo a ponerse el uniforme de instrumento sandinista, peor aún, orteguista, y deja hacer a los bandidos que agreden impunemente a los ciudadanos que reclaman sus derechos democráticos.
Pero lo peor de todo sería que la comunidad internacional democrática comenzara a desamparar a la ciudadanía y que la dejara a merced de quienes están imponiendo una nueva dictadura en Nicaragua. Y esto es lo que se puede temer considerando las declaraciones recientes de un prominente diplomático extranjero, en el sentido de que ya no hay que ver al pasado sino hacia delante, porque lo ocurrido no se puede deshacer. Es decir, que lo robado bien robado está y que hay que permitir que sigan atropellando la gobernabilidad democrática y la libertad por la que tanta sangre derramó el pueblo nicaragüense, y al parecer tendrá que volver a derramar para poder reconquistarla.
La contención de la comunidad democrática internacional al autoritarismo orteguista ha representado hasta ahora la principal esperanza de los ciudadanos democráticos de Nicaragua. Si la comunidad democrática internacional traiciona esa esperanza, algo peor que todo lo terrible que ha ocurrido en el pasado podría sobrevenir sobre esta desdichada pero indomable nación.
