La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, opinó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben revisar internamente la institución que dirigen, luego de las evidencias e indicios que existen sobre posible tráfico de influencias, nepotismo y supuestos empleados “fantasma” dentro del Poder Judicial.
“Lógicamente, si hay ese tipo de situaciones creo que el Poder Judicial, en principio, tiene que revisar a lo interno, es muy importante”, dijo Rosales en un programa del Canal 12 de televisión.
LA PRENSA publicó varios reportes en los cuales se indica que la planilla del Poder Judicial está llena de familiares y amistades políticas de los magistrados de la CSJ, así como empleados que supuestamente no se presentan a laborar y cobran jugosos salarios.
La fiscal Delia Rosales indicó que antes de que otras instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República (CGR) se pronuncien respecto a esa situación, debe ser la Corte la que tome sus medidas.
“No podría decir en este momento ya está abierta una investigación, porque creo que estas noticias son recientes, sin embargo también se tiene que revisar bien estas situaciones, ver quiénes son las personas (contratadas dentro del Poder Judicial que aparecen en los reportajes), qué grado tienen de parentesco (con los magistrados judiciales y si efectivamente están o no ejerciendo esos cargos dentro del Poder Judicial”, dijo la fiscal Rosales.
La funcionaria indicó que el Poder Judicial tiene una Ley de Carrera Judicial, la cual establece sanciones graves a lo interno.
PROHIBICIONES DE LA LEY
Junto al fiscal de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, Rodrigo Zambrana, la fiscal Rosales explicó en Canal 12, que existen algunas prohibiciones al configurar los poderes del Estado, como contratar a parientes cercanos dentro de una misma institución.
El fiscal Zambrana indicó que el tráfico de influencias “es un delito de corrupción”, así como el absorber dinero de una institución estatal sin realizar un trabajo que beneficie a dicha institución.
La mayoría de los magistrados judiciales han justificado tener a sus hijos laborando dentro del Poder Judicial, con el argumento de que no hay trabajo en el país, que no han sido ellos quienes los nombran o que sus parientes no se encuentran bajo sus órdenes.
Pero el Código Penal vigente o Ley 641 establece el tráfico de influencias como un delito, y se comete cuando un funcionario público se vale de su jerarquía superior para conseguir una ventaja o un beneficio indebido, entre ello que se contrate a familiares suyos dentro de la misma institución.
MÁS IRREGULARIDADES
En tanto, los nombramientos indebidos de personal del Poder Judicial continúan aflorando.
Aunque el vicepresidente del Poder Judicial negó de manera enfática que él no acostumbra a nombrar personal en ausencia del presidente de la Corte, Manuel Martínez, una fuente judicial aseguró que sí lo hace, y uno de los últimos nombramientos que habría realizado es el del director de la Clínica Médica, Óscar Jirón.
Jirón es ex director del Hospital de la Policía y habría sido nombrado el año pasado, luego del fallecimiento del médico Francisco Reyes, quien era el director de la Clínica Médica anteriormente.
El administrador de la Corte, Róger Espinoza, indicó que Jirón se presenta a trabajar, pero una fuente judicial aseguró que no, que es uno de los empleados que poco se presenta a ejercer sus funciones.
Un caso de familiares laborando dentro del Poder Judicial, es el de las denominadas “hermanas Cruz”, ambas con cargos de dirección. Una de ellas, Clara Cruz, es directora de la Oficina de Asesoría Legal, mientras María Auxiliadora Cruz es directora de la Unidad Central de Adquisiciones.
Indicios del desorden administrativo en la Corte existen en todas las dependencias del Poder Judicial, como la Corte Suprema, los Juzgados y Tribunales de Apelaciones.
