El Presidente colombiano Álvaro Uribe aseguró ayer no haber ordenado vigilar la vida privada de las personas, en su primera reacción a las denuncias de que el estatal servicio de inteligencia estaría grabando ilegalmente a congresistas, periodistas y magistrados.
“A lo largo de los años, con Gobierno o sin Gobierno, jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas”, señaló el mandatario en un mensaje enviado a la radio RCN de Bogotá.
Uribe se declaró “un hombre leal que juega limpio con sus opositores y no les hace trampas”, tras lo cual dijo que “los que me conocen saben que yo no actúo de esa manera”.
El escándalo de espionaje estalló el sábado cuando la revista Semana, de Bogotá, denunció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República, estaría grabando a congresistas, periodistas y magistrados de la línea opositora al Gobierno, así como a algunos funcionarios cercanos a Uribe.
Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, también habrían abarcado al jefe de seguridad y al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno.
En su mensaje a RCN, el mandatario manifestó que no le cabe duda de que quienes realizan las actividades ilegales, integran “una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio Gobierno que presido”.
DICE QUE SE SIENTE VÍCTIMA
Además, recordó que entre los interceptados se encuentra también su secretaria privada. “Yo mismo me siento víctima de esta infamia”, anotó.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.
Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la dirigente liberal, Piedad Córdoba.
El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —quien no ha descartado competir por la Presidencia en 2010—, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.
CORTE RECLAMA
La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, calificó este lunes el hecho como “un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión”, y “reclamó” al fiscal general resultados rápidos sobre los autores “de tan reprochable conducta realizada con un designio criminal que la Corte desconoce”, dijo.
Peritos de la Fiscalía comenzaron este lunes la inspección de la sede del DAS.
