BOGOTA. - En la vorágine de un escándalo por denuncias de espionaje telefónico, el director de la policía secreta colombiana Felipe Muñoz afirmó hoy que su agencia puede escuchar legalmente y por orden del gobierno a cerca de un millar de personas vinculadas al narcotráfico o a las guerrillas.
"Tenemos 400 líneas en cada sala (de escucha), podemos estar escuchando 1.000 personas con autorización del fiscal", dijo el funcionario en entrevista telefónica.
Esas escuchas son "a los 'malos'... los narcos, las organizaciones narcoterroristas, los cabecillas de las (rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC. De esos sí recibo instrucciones del presidente todos los días" de hacer seguimientos, dijo Muñoz sin agregar más detalles.
Sin embargo, el director de la policía secreta dijo que desconoce cuántas personas y desde cuándo eran escuchadas supuestamente por miembros de su agencia en forma ilegal o sin una orden judicial, como lo denunció el sábado la revista Semana, en una publicación que desató un allanamiento a las salas de escuchas telefónicas de la policía secreta por parte de la Fiscalía General.
URIBE SIN DECIR NADA
El presidente Alvaro Uribe ha mantenido silencio ante el escándalo. Algunos funcionarios del gobierno rechazaron la posibilidad de que el mandatario ordenara escuchar ilegalmente a opositores, magistrados, periodistas, según las denuncias, y aseguran que entre los que han sido espiados están incluso asesores al jefe de estado.
En un breve comunicado, la Corte Suprema de Justicia condenó tales acciones ilegales y reclamó rapidez en las investigaciones de la Fiscalía General sobre autores y propósitos de tales interceptaciones ilegales.
"La sociedad colombiana no resiste más dilaciones en la sanción de delitos que, como los advertidos, erosionen la estabilidad y la esencia de sus instituciones", dijo el presidente de la Corte, Francisco Ricaurte al leer una comunicado ante los reporteros en el tribunal.
El fiscal general Mario Iguarán dijo que no conoce el contenido de las supuestas grabaciones ilegales ni a qué personas, pero que no tenía razones para dudar que se han hecho interceptaciones telefónicas sin órdenes judiciales.
NO ES EL PRIMER CASO
Este no es el primer caso de espionaje telefónico que se descubre en Colombia, en donde en el pasado fueron sancionados funcionarios de otros organismos de seguridad por realizar esas actividades clandestinamente.
Iguarán dijo en diálogo telefónico que a pesar del allanamiento, mantuvo las autorizaciones para que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como se llama oficialmente la policía secreta y es un organismo que obedece directamente a la Presidencia, continúe con ciertas interceptaciones telefónicas que pueden considerarse como un asunto de seguridad del estado.
Son 10 técnicos de la Fiscalía que chequean cada línea telefónica, a qué persona y bajo qué orden se hace el seguimiento, dijo el director del DAS indicando que en 15 días podrían tener los primeros resultados de la investigación sobre la denuncia de espionaje telefónico, contra qué personas exactamente fue hecho, por orden de quién y cuál fue la suerte de ese material.
Explicó que en el DAS, un organismo con seis mil funcionarios en todo el país y un presupuesto anual equivalente a unos 1.600 millones de dólares, funcionan tres salas de escuchas con un total de 1.200 líneas telefónicas. Además existen cuatro equipos móviles o una suerte de "maletines" que también pueden hacer esos seguimientos, dijo.
