Luego del sismo que los dejó damnificados, cientos de nicaragüenses se encuentran en el limbo, sin trabajo, sin vivienda y muchos ilegales. Aún se desconoce la cifra real de personas que necesitan viviendas, empleos y subsidios
Más allá de lo visible, como destrucción de casas, grietas en el suelo, derrumbes o puentes colapsados; el terremoto en Costa Rica dejó otras secuelas graves como la pérdida de empleos en las zonas afectadas.
De esta cruda realidad no escapan los inmigrantes nicaragüenses, quienes llegaron a esta zona a trabajar en actividades vinculadas con el turismo, con la recolecta de café o el cultivo de helechos. Sus vidas también fueron sacudidas el pasado 8 de enero, cuando el terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter destruyó un área montañosa del centro del país, dejando un saldo de 23 muertos, siete desaparecidos y al menos 2,000 personas sin hogar.
El fuerte sismo golpeó la economía de verdosas y pintorescas comunidades ubicadas sobre alturas, con un clima acogedor, como Vara Blanca, Poasito, Fraijanes y otras más que también dependen del turismo y la actividad agrícola. El pueblo de Cinchona desapareció,
“Cuidaba una finca, pero por ser montañosa fue declarada inhabitable y quedé desempleado. Mi patrona dijo que ya no hay trabajo, me despidió y no me pagó mis derechos”, se quejó Silvio Herrera, un señor moreno originario de Tisma, Masaya.
Él y su pareja viven en un pequeño cuarto, en uno de los vagones de tren habilitados como albergues por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), en la cancha de futbol de Poasito, de Alajuela.
Es un pequeño espacio de unos dos metros cuadrados, donde apenas alcanza un camarote de metal de dos pisos, una silla y unas bolsas plásticas llenas de ropa.
En cada vagón hay cuatro espacios similares y quienes viven allí se alimentan en el albergue ubicado en el salón comunal, a pocos metros del lugar, donde también suplen otras necesidades personales.
“Nos queremos regresar a Nicaragua pero no tenemos dinero. Nos gustaría que el Consulado nos ayudara con algo de dinero para regresarnos”, añadió Herrera.
Esta pareja es el fiel ejemplo de muchos extranjeros afectados que no tienen residencia legal en Costa Rica. Tampoco tienen vínculos consanguíneos con costarricenses que les permitirían aplicar a programas estatales, como subsidios salariales, dinero para alquiler y programas de viviendas. Apenas portan pasaporte pero la visa de ingreso al país está vencida. Su condición migratoria es irregular.
Otro nicaragüense cuyos ingresos se han contraído por falta de empleo es Fermín González, quien trabaja por contrato para un taller de ebanistería.
“Les trabajo por contrato a unos gringos, pero ellos tienen unos hoteles que se les dañaron. Entonces no hay dinero para invertir y se han parado los trabajos en el taller”, explicó.
Él y su esposa tienen residencia, pero las cédulas están vencidas. No obstante, por tener hijos nacidos en Costa Rica, pueden recibir ayuda estatal.
ALBERGUES TEMPORALES
De momento, ellos viven en una de las 15 casas temporales de madera que la Fundación Un Techo para mi País construyó en la cancha de Poasito. Son pequeñas viviendas de tambo donde pueden habitar familias integradas por un promedio de cuatro personas.
“Aquí mucha gente nicaragüense ha quedado sin trabajo en las fincas. Algunas cosechas de helechos se perdieron por el terremoto y recientemente hubo mucho viento que terminó de dañarlas. Uno tiene que jugársela con trabajos esporádicos durante la semana”, dijo el nicaragüense Alejandro García.
“El terremoto fue duro. Yo creí que era el fin del mundo por el fuerte meneón”, añadió.
La vida de todas las comunidades afectadas transcurre entre el ir y venir de turistas y la actividad agrícola que se combina con labores de construcción o la emigración de familias de sitios declarados inhabitables.
Es común encontrar personas que están desmantelando sus viviendas porque están a orillas de barrancos peligrosos que pueden derrumbarse.
AUMENTA INCERTIDUMBRE
Los damnificados que se encuentran en los albergues habilitados en escuelas, viven estos días con más incertidumbre, ya que esta semana inició el año escolar y deben abandonar los centros.
El albergue que había en la escuela de Sabana Redonda, cerca de Poasito, ya desapareció. Allí algunas de las 40 personas, en su mayoría nicaragüenses, salieron a alquilar con esfuerzo propio o con ayuda del Gobierno tico, otros se acomodaron en casa de familiares o emigraron a fincas cafetaleras, cuya cosecha no fue muy dañada.
Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica analizarán juntos la problemática de los nicaragüenses afectados, sobre todo el futuro de los ilegales que sigue siendo incierto.
El Ministro de Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas, quien a su vez dirige la Comisión de Reconstrucción en las zonas afectadas, explicó que el tema de los extranjeros afectados es complejo, pues por disposición legal no todos son sujetos de ayuda, sobre todo quienes no tienen en orden sus documentos.
REUNIÓN CON AUTORIDADES NICAS
Vargas ha gestionado una reunión para esta semana con el Embajador de Nicaragua, Harold Rivas, con el interés de abordar el tema en conjunto.
Según la Embajada de Nicaragua, en los albergues hay más de 600 nicaragüenses afectados, pero aún procesan información referente a sus condiciones legales. Es decir, cuántos tienen residencia, vínculos consanguíneos con ticos o si están sin papeles. Quienes están sin documentos están recibiendo pasaporte provisional, documento que sirve para identificarse y viajar.
Funcionarios del Consulado y de la Embajada han realizado cerca de diez consulados móviles en los diferentes albergues para documentar a quienes lo requieran.
Todos los nicaragüenses han sido sujetos, sin discriminación, de atención primaria que ha destinado Costa Rica por medio de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
Esto significa que ellos han recibido en primera instancia refugio y alimentación de parte de Costa Rica, entre otras cosas. Nicaragua, por medio de su Embajada, también les ha asistido con alimentos.
El presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, José Antonio Li, dijo que Costa Rica les ha brindado asistencia humanitaria a los nicaragüenses afectados, pero por disposiciones legales, los indocumentados no pueden aplicar para un bono de vivienda, pero no pudo precisar cuántos se encuentran sin papeles.
“Hemos entregado 1,500 paquetes escolares a los hijos de los afectados por el terremoto y no hemos hecho distinción de nacionalidad”, explicó.
A la fecha, 321 familias que permanecían en albergues han regresado a sus viviendas. 175 más han recibido dinero para que alquilen casas y 142 familias más reciben diario alimentos que rondan los 200 dólares, al sistema de cambio actual.
Li no dijo si entre esas familias hay nicaragüenses beneficiarios o si hay extranjeros que han regresado a sus casas. El problema de muchos nicaragüenses es que vivían en precarios y hay sitios que fueron declarados inhabitables por la CNE.
200 CASAS
La Fundación Un Techo para mi País construirá en total 200 casas para habitarlas temporalmente en comunidades afectadas por el terremoto.
El vocero de esta fundación, Patricio Morera, dijo que en sus programas no hay exclusión de personas por su nacionalidad o condición migratoria, sino que los beneficiarios se eligen por su condición social.
