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Jonathan Rivera, Félix Rivera y Saúl Martínez |
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En total fueron 27 las acusaciones por supuesta corrupción introducidas por el Ministerio Público en diferentes Juzgados del país, en contra de decenas de ex funcionarios de la Administración del ex presidente Enrique Bolaños.
Aunque en un inicio esa institución anunció que actualizaría “una mora” de expedientes de 38 casos investigados por corrupción por la Contraloría General de la República a ex funcionarios públicos, al final no todas fueron ejecutadas. En su mayoría fueron acusados por delitos de peculado y malversación de fondos públicos hasta por un monto de 95 millones de córdobas, aseguró ayer el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
Para iniciar esta jornada de acusaciones masivas, el Ministerio Público desarrolló la semana pasada una encerrona con miembros de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, de esa institución, así como Fiscales enlaces de diferentes departamentos del país; junto a los técnicos de la Contraloría General de la República, donde analizaron las causas que serían presentadas en los tribunales.
“En la mayoría se refiere a situaciones de carácter ilícito donde campea la malversación, campea el peculado, donde campea también la falsificación de documentos públicos, la malversación, y nosotros hemos presentado al respecto 27 casos en los cuales en toda la República están presentándose esos 27 casos”, manifestó Centeno Gómez.
ACUSAN A 18 EX FUNCIONARIOS
En Managua, el fiscal de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, del Ministerio Público, Rodrigo Zambrana, presentó siete acusaciones en contra de 18 ex funcionarios del Gobierno de Enrique Bolaños, por delitos como fraude, peculado, malversación de caudales públicos y estelionato, con los que le habrían causado un perjuicio económico al Estado que supera los 88 millones de córdobas.
Entre los principales ex funcionarios acusados se encuentra el ex director del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), José Ramón Kontorovsky Artola y, de esa institución, Mario José Rosales Pasquier, Octavio Alvarado, Francisco Barquero, Fernando Paulo Sánchez, José Gabino Flores, Alejandro Montealegre, José Enrique Padilla y Francisco Salvador Cuadra.
A estos ex funcionarios se les imputa haber causado un perjuicio económico por aproximadamente 63 millones de córdobas al Estado, explicó el fiscal Zambrana.
La Fiscalía acusó a los ex directivos del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), Adolfo José Chamorro César, por vender 15 propiedades del Estado a precios por debajo del valor real de los inmuebles, causando un daño económico al Estado por 21 millones de córdobas, explicó el fiscal Zambrana.
Al ex director del Instituto de Estadísticas y Censos (Inec), Néstor Delgadillo Paguaga, la Fiscalía le acusó de malversar casi un millón y medio de córdobas, dinero del erario público que el funcionario supuestamente utilizó para fines personales.
La ex notario Uno del Estado, Morena Isabel Avilés Serrano, ya condenada por dos casos de tráfico de tierras, esta vez fue acusada por la Fiscalía por vender dos propiedades del Estado, y a los ex funcionarios del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Óscar Ordóñez Rodríguez y Darvin Ariel Flores Larios se les acusó por malversar más de 1.4 millones de córdobas.
A la ex funcionaria del Registro Público de Managua, Aurora Mercedes Calero, la Fiscalía la acusó por los delitos de falsificación de documentos públicos y cohecho, mientras que a la ex responsable de Farmacia del Hospital Bertha Calderón, Marling Palacios Obando, se le acusó por la malversación de más de un millón de córdobas, manifestó el fiscal Zambrana.
Mientras Zambrana introducía acusaciones en los Juzgados de Managua, otros fiscales lo hacían en Juzgados de Matagalpa, Jinotega, Chinandega, Río San Juan, Carazo y Siuna, (Triángulo Minero).
Según Centeno Gómez, las acusaciones masivas son parte del trabajo priorizado por esa institución como una voluntad del Gobierno de Daniel Ortega, “porque a través de esta lucha anticorrupción se consigue la ansiada estabilidad social, y sobre todas las cosas, la seguridad jurídica, la seguridad nacional de la República, del pueblo y la nación”.
Según el funcionario, decidieron acusar en estos casos porque cuentan con los elementos suficientes para sostener las acusaciones en los tribunales.
“Allí están todos los elementos indispensables que la ley exige para que estas acciones acusatorias sean determinantes y que no puedan tener ningún obstáculo en su procesamiento”, dijo Centeno.
Javier Morazán destacó que en su mayoría las acusaciones introducidas fueron por el delito de peculado, que representa apropiación ilícita e indebida de los caudales públicos por parte de un funcionario.
Centeno anunció que hay otros casos que aún están pendientes de concluir, como uno que involucra al ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI) durante el Gobierno de Bolaños, Pedro Solórzano, para lo cual han solicitado a la CGR “un poquito más de especificación de los señalamientos de los actos ilícitos que ellos mismos ya le han dado (...) presunción de responsabilidad penal” o administrativa.
