La denuncia de la señora Bridgete Budier Ryan, diputada nicaragüense al Parlamento Centroamericano, de que fue discriminada en una discoteca de Managua a la que no se le permitió entrar debido a la raza a la que ella pertenece y al color de su piel, ha puesto en el tapete de la discusión pública el problema del racismo y la discriminación, con toda la intensidad que el debate sobre estos vergonzosos delitos provoca siempre en todas partes del mundo.
La discriminación y el racismo son cosas diferentes, aunque en algunos casos se mezclan y condicionan la una al otro. Discriminación es el trato de inferioridad que se le da a una persona o colectividad por cualquier motivo: clasista, cultural, político, religioso, racial, étnico, de género o sexo, de edad, etc. Y el racismo es una doctrina y una práctica que se funda en una pretendida superioridad mental, física y estética de una determinada raza o etnia. El racismo es una doctrina contraria a la dignidad humana, que ha conducido a degradantes segregaciones raciales como las que hubo en Estados Unidos y Sudáfrica, y a horrendos genocidios como el que cometieron los nazis contra los judíos y otros pueblos que ellos consideraban inferiores.
Pero el racismo y la discriminación han disminuido notablemente en los últimos tiempos, gracias al desarrollo de la conciencia progresista de la humanidad y a la adopción y vigencia de instrumentos jurídicos internacionales de obligatorio cumplimiento, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada por la ONU en 1963, y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por las mismas Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y vigente desde el 4 de enero de 1969.
En Nicaragua, la protección contra la discriminación está garantizada legalmente por el artículo 27 de la Constitución Política del Estado, que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. A la luz de esta disposición constitucional y de las normas universales de derechos humanos, son inadmisibles y deben ser condenados los actos de discriminación que se cometan en cualquier lugar y por la autoridad o individuo que sea, en contra de toda persona humana, por razón de su nacionalidad, raza, color de piel, creencia, etc. Y de manera expresa el Código Penal señala en su artículo 427, que la discriminación es un delito que se sanciona con una condena de seis meses a un año de prisión, o de 300 a 600 días de multa.
Ahora bien, igual que en las acusaciones por cualesquiera otros delitos, la denuncia de discriminación tiene que ser plenamente comprobada y al acusado se le debe garantizar su derecho al debido proceso. Además, del mismo modo que es inaceptable y condenable que a una persona se le impida entrar a una discoteca por su pertenencia racial y el color de su piel, también debe ser condenado cualquier otro tipo de discriminación como, por ejemplo, la que han sufrido miles de personas que fueron despedidas de sus empleos públicos, debido a que no pertenecen al partido de gobierno; la discriminación que sufren las personas que no pueden adquirir las llamadas casas para el pueblo, las cuales han sido construidas o se están construyendo con fondos públicos, porque no tienen la recomendación del CPC o del comité o el dirigente del partido oficialista; la discriminación de que son víctimas empresarios privados debido a que con las adquisiciones del Estado se favorece a empresas que pertenecen a miembros de la cúpula gubernamental, evadiendo los procedimientos legales de licitación; la discriminación contra los miembros y simpatizantes de partidos políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, que no pueden manifestarse en las calles y plazas públicas porque lo impiden bandas armadas oficialistas, etc., etc.
En la condena a la discriminación no hay que actuar con hipocresía burocrática ni prejuicios políticos. Todos somos sujetos de los mismos derechos y nadie debe ser discriminado por nada. Nicaragua es de todos los nicaragüenses, no sólo de los que circunstancialmente están actualmente en el poder.
