El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) realizó ayer una intensa jornada de trabajo, con participación de todas sus cámaras, con el objetivo de definir las propuestas que hará al Gobierno para enfrentar la crisis económica que está afectando al país, en parte como consecuencia de la crisis financiera y económica internacional pero sobre todo por problemas internos de Nicaragua.
Por su parte, los nuevos directivos de la Cámara Americana Nicaragüense de Comercio (Amcham) se han reunido con líderes de partidos políticos y bancadas parlamentarias, buscando apoyo para la aprobación de leyes que ayuden a crear condiciones favorables a la inversión de capital nacional y extranjero, a la creación de empleo y a la generación de riqueza para beneficio de todos, como la reforma a la Ley del Salario Mínimo, la Ley de Costas, la Ley de Vivienda Digna y otras de igual importancia.
Pero los líderes empresariales han hablado no sólo de negociaciones del sector privado con el Gobierno, que es lo lógico y necesario. También han mencionado un diálogo nacional que incluya a las fuerzas políticas partidistas. Sin embargo esto último no lo han hecho como un planteamiento primordial del empresariado, sino que, al parecer, como el eco de lo que algún partido político les debe haber pedido a cambio de apoyar la aprobación de las leyes que interesan a los empresarios y al país entero.
En realidad, los empresarios están haciendo lo que deben hacer, en busca de un mejor clima de negocios en el país, o al menos para que éste no se siga deteriorando como ha venido ocurriendo de manera alarmante en los últimos dos años. Pero a pesar de que lo económico no se puede desvincular de lo político, los empresarios privados deben tener cuidado de no caer en el juego de los politiqueros que piden un diálogo nacional, no para buscar remedio por esa vía a los problemas de la nación, sino porque probablemente quieren meter por allí su plan pactista de reformar la Constitución para garantizar la reelección de Daniel Ortega o su continuación en el poder como primer ministro, con la colaboración de algún partido zancudo de nuevo cuño.
La empresa privada como sector tiene un interés político, sin duda, pero éste es de carácter general y nacional. El interés político de los empresarios se centra en la necesidad de que haya seguridad jurídica en el país, que se respeten las reglas del Estado de Derecho, que la justicia sea independiente y confiable, que no se violen los derechos humanos, económicos, civiles y políticos de nadie. Por eso es que los gremios empresariales tienen que seguir respaldando la demanda democrática de que se anule el fraude electoral de noviembre pasado, que deterioró gravemente el clima de negocios en el país y ha perjudicado sensiblemente la cooperación económica externa. Pero no tienen por qué apoyar demandas de interés particular y mezquino de políticos caudillistas y corruptos.
A nuestro juicio, los empresarios tienen ahora una ventaja comparativa para la negociación con el Gobierno de Daniel Ortega, con respecto a la situación que hubo durante la revolución sandinista de los años ochenta. En aquella época el gobierno sandinista era furiosamente anticapitalista, tenía el objetivo estratégico de construir un régimen socialista en Nicaragua pero adoptó el sistema de economía mixta como una táctica, a fin de engañar a los tontos y para mientras creaba las condiciones que le permitieran estatizar totalmente la economía nacional.
Ahora Daniel Ortega ya no es o no tiene porqué ser anticapitalista. Él habla contra la oligarquía, contra el capitalismo salvaje y contra la burguesía explotadora, pero lo más probable es que eso sea sólo para engañar a sus bases populares. De hecho, Ortega, su familia y sus camaradas de la cúpula del FSLN han formado otra oligarquía y una nueva clase capitalista, tal como está a la vista y ellos mismos, los orteguistas, ni siquiera se preocupan por disimular.
El gran problema de los empresarios privados es que el neo capitalismo orteguista los quiere eliminar de la competencia por los negocios, en algunos campos, y en otros, obligarlos a operar en espacios limitados, subordinados al Gobierno, como una especie de capitalismo zancudo. Pero la economía de mercado necesita para desarrollarse un clima de plena libertad, de libre competencia y seguridad legal para todos. Por eso es la lucha de la empresa privada.
