La dirigencia del movimiento “No Pago” celebró simultáneamente asambleas informativas en casi todo el país, adjudicándose la “victoria” por la eliminación del apercibimiento corporal o cárcel que dictan algunos jueces, por atrasos en los pagos de sus créditos.

La aprobación el jueves pasado con 70 votos en la Asamblea Nacional de la reforma al artículo 13 de la Ley de Prenda Agraria y Comercial, señala además delito de prevaricato para el judicial que ordene la captura de un acreedor que haya caído en mora involuntaria, aunque establece también la obligatoriedad para los usuarios de los créditos de cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores.

Según Andrés Castillo, directivo del movimiento, la reforma brinda “respiro” a productores y comerciantes.

“Por fin los diputados entendieron que muchas de las microfinancieras, necesarias porque en muchos municipios del país donde funcionan no hay sucursales de bancos, nacieron como asociaciones sin fines de lucro, con financiamiento del exterior, y se han convertido en verdaderos negocios usureros”, dijo.

Explicó que también quedaron suspendidos los juicios en ciudades que no son del domicilio de los clientes de las microfinancieras.

Instó a los productores y comerciantes, clientes de las microfinancieras, a hacer uso de la ley contra la usura, y llevarlas a los tribunales por cobrar en sus créditos intereses superiores a la tasa establecida por el Banco Central en torno a los “créditos entre particulares”.

Según el Banco Central, la tasa de interés “ponderada” de los créditos entre los particulares es del 13.58 por ciento, distante de las microfinancieras, que según los “No Pago” en algunos casos llegan al 60 por ciento.

Al mismo tiempo, Castillo confió en que los diputados se dispongan a revisar una serie de leyes para “regular” las actividades de las microfinancieras y garantizar que todos los clientes adscritos al movimiento sometido a la reestructuración de su deuda, continúen siendo sujeto de crédito.