Las autoridades penitenciarias de El Salvador decretaron ayer un estado de emergencia luego que grupos de reos en por lo menos 11 de las 19 prisiones iniciaran protestas por supuestas violaciones a sus derechos humanos.
La dirección de Centros Penales informó que se decidió decretar “alerta roja” por la “desobediencia” de unos 11 mil reos a ingresar a sus celdas desde el sábado y tras informes de inteligencia que revelan un posible incremento de desórdenes.
Las protestas, que se extendieron a cárceles juveniles, donde también hay recluidos pandilleros, tienen como objetivo exigir a las autoridades penitenciarias el cese de registros minuciosos a sus familiares, mejoras en la alimentación, mejoras en la asistencia médica y agilizar las audiencias, entre otras demandas.
De momento, las autoridades penitenciarias suspendieron las visitas y se redobló la vigilancia policial en los alrededores de las prisiones distribuidas en todo el país.
“Existen fuerzas oscuras externas detrás de todos estos incidentes. Por supuesto, estructuras que están ligadas a aspectos de pandillas o crimen organizado que tienen sus propios intereses”, señaló el director de los Centros Penales, Gilbert Cáceres.
POLICÍA EN ALERTA
El subdirector de áreas especializadas de la Policía, comisionado Omar García, informó que unos 1,000 policías están listos para ser desplegados en las 19 prisiones del país ante “cualquier actividad que se pueda tornar un poco violenta”.
De momento, la seguridad en las áreas periféricas de los centros penales ha sido reforzada, tanto para impedir fugas como en prevención de actos de violencia.
“Este proceso de desobediencia al régimen interno se mantiene estable”, afirmó Cáceres, quien no obstante manifestó su preocupación sobre posibles brotes de violencia en algunas cárceles.
El funcionario manifestó que “nosotros, como administración, si hubiesen hechos violentos vamos a recurrir a las instancias pertinentes y llevar a la justicia tanto a los responsables materiales como intelectuales que estén detrás de estos eventos”.
FAMILIARES PROTESTAN
En tanto, decenas de familiares de reos realizaron ayer concentraciones pacíficas para denunciar las supuestas violaciones frente a las instalaciones del congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.
Según el comunicado de los manifestantes, en las cárceles se promueve “el maltrato físico” en las requisas (de armas artesanales), y además los registros de las mujeres que visitan las cárceles han pasado de ser “indecorosos” a “delitos de agresiones sexuales”.
