A los gobernantes que pertenecen a la izquierda autoritaria no les gustan los controles institucionales y sociales al ejercicio de su poder. Sienten fobia a esos controles que en una sociedad verdaderamente democrática se practican con normalidad, por medio de la Contraloría, el Parlamento, leyes de contrataciones del Estado, medios de comunicación, ONG que monitorean el gasto público, etc.
“El cuento y la historia del Gobierno es que existen muchos controles y obstáculos para las compras y el manejo de recursos que tienen que ver con licitaciones, pero la realidad es que el Gobierno quiere eliminar los mecanismos de control”, dijo a LA PRENSA el diputado del PLC y Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, en declaraciones que fueron publicadas el domingo recién pasado. El diputado Navarro se refería a un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, que le permitiría al Gobierno del presidente Daniel Ortega actuar con plena discrecionalidad en el ámbito tan delicado de las contrataciones del Estado.
Recientemente, LA PRENSA informó que el año pasado el Gobierno de Daniel Ortega hizo gastos públicos por un valor de 2,700 millones de córdobas (unos 135 millones de dólares), evadiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, aunque con la autorización, por supuesto, de la Contraloría, que es controlada por el mismo Ortega. Al respecto también se informó que una de las razones por las que el Gobierno de Nicaragua es percibido internacionalmente como el más corrupto de Centroamérica, es la falta de cumplimiento de los requisitos para las licitaciones en las contrataciones del Estado, según el último reporte de Transparencia Internacional sobre Percepción de Corrupción .
De manera coincidente, al mismo tiempo que se conoció en Nicaragua ese informe de Transparencia Internacional, que divulgó aquí la ONG Ética y Transparencia, se conoció públicamente que el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) planea hacer contrataciones por un valor de 700 millones de córdobas, con exclusión de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Y se informó también que la Alcaldía de Managua, la cual le fue adjudicada mediante el fraude del Consejo Supremo Electoral al candidato orteguista Alexis Argüello, decidió realizar obras municipales por más de 140 millones de córdobas al margen de los requisitos legales de licitación.
Pero no es sólo por el manido argumento de la urgencia que se evaden los procedimientos de licitación para la contratación de bienes y servicios del Estado por sumas millonarias. El autoritarismo gubernamental, el verticalismo administrativo, la opacidad política, la afición a resolver las cosas del Estado al amparo de la oscuridad y el afán de que la información gubernamental se ofrezca al público “incontaminada” —es decir, al gusto y conveniencia de los gobernantes—, en realidad tienen el propósito de ocultar la corrupción, impedir que los ciudadanos se den cuenta del desvío y mal uso de los fondos públicos, ya sean generados por los impuestos que pagan los nicaragüenses o tomados de la cooperación externa.
Los izquierdistas autoritarios son muy dados a criticar la corrupción en los gobiernos democráticos. Pero ellos son iguales o peores de corruptos, como ya quedó demostrado en Nicaragua con la espeluznante piñata de la revolución sandinista, y como se vuelve a comprobar ahora con los escándalos que están proliferando y las evasiones de controles de licitación que está practicando y procurando el nuevo Gobierno de Daniel Ortega y compañía.
Los estudiosos del problema de la corrupción advierten que no es por casualidad que los regímenes más corruptos han sido y son los más estatistas, como decir los revolucionarios, los comunistas y los fascistas. Y lo más insidioso de la corrupción en los regímenes izquierdistas, es que se simula favorecer al pueblo pero en realidad se genera el enriquecimiento personal y familiar de los gobernantes. En verdad, es tanta la corrupción en el régimen comunista y revolucionario, que el mismo Fidel Castro, en un discurso que pronunció el 17 de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana, advirtió que “si alguien destruye esta revolución no va a ser ningún enemigo externo, vamos a ser nosotros mismos”. Él lo dijo.
