Se dice que el crimen organizado ya se ha instalado en Nicaragua y que es necesario combatirlo enérgicamente, antes de que se consolide y se adueñe del país, para lo cual es indispensable aprobar una reforma legal penal sustantiva, o una nueva ley de la materia.
“Estamos chocando los cárteles, estas bandas criminales, estas organizaciones criminales, están ya instaladas en nuestro país, están fortaleciéndose, se les ha golpeado, pero vuelven a reorganizarse, vienen con más fuerza”, alertó el diputado del PLC José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en un conversatorio promovido por la Fundación Konrad Adenauer y realizado el miércoles de esta semana. Pallais agregó que “el país es vulnerable por la posición en la región, pero además por muchas debilidades que presenta, entre las que están una iniquidad social alta que ocasiona pobreza, altos niveles de debilidad institucional, y de corrupción en los diferentes poderes que propician el crecimiento y la sostenibilidad de estas organizaciones criminales.
Coincidentemente, el mismo miércoles el experto argentino e internacional en narcotráfico y crimen organizado, Marcelo Sain, publicó en el diario La Nación de Buenos Aires un artículo titulado “Narcotráfico: las lecciones hemisféricas”, en el cual explica por qué esta criminalidad, siendo un mal que afecta a todos los países del hemisferio, sin embargo, en Colombia y México “ha adquirido una envergadura política, económica y social de gran porte”.
Según el argentino Marcelo Sain, cuyos conceptos coinciden básicamente con lo dicho por el diputado nicaragüense José Pallais, las condiciones para que en Colombia y México el narcotráfico y el crimen organizado en general hayan adquirido tanta gravedad son las siguientes:
“1. Un elevado nivel de informalidad y marginalidad económica y financiera, en gran medida estructurada mediante el sistema económico y bancario formal. Ello hizo posible el establecimiento de emprendimientos empresariales favorables y funcionales a la criminalidad organizada sin sospechas directas, que permiten impunemente el lavado de dinero o la utilización directa de fondos provenientes del delito para financiar el propio delito.
“2. Extendidas prácticas sociales ilegales, en cuyo marco los incumplimientos conscientes de reglas sociales básicas de convivencia y de normas legales son habituales; la legitimación de la violencia letal como mecanismo regular y admitido de resolución de conflictos y diferencias sociales, étnicas o políticas; la fuerte repulsión y rechazo a los controles y las regulaciones estatales y legales; todo esto ha creado una suerte de privatización fáctica y violenta de lo público.
“3. Vastos espacios territoriales y sectores sociales sin regulaciones estatales efectivas vinculadas con la aplicación de la ley. Esto es, espacios sin Estado y sin ley pública que, en general, están segregados y marginalizados de los núcleos altamente desarrollados, y se estructuran en medio de la pobreza y la indigencia. En ellos, las reglas son impuestas por actores privados de impronta patrimonialista o por grupos delictivos que controlan el lugar.
“4. Alto nivel de corrupción y abusos policiales vinculados con la protección y regulación de actividades delictivas de alta rentabilidad, entre ellas el propio negocio de las drogas ilegales, sumado a una situación de indigencia material y financiera de las instituciones policiales y a los salarios indignos, casi miserables, de la inmensa mayoría de sus integrantes, así como falta de una estructura de inteligencia criminal, despliegue operacional y desarrollo logístico integrado y altamente especializado en la conjuración de grupos criminales complejos”.
Por supuesto que no todas esas condiciones están presentes en Nicaragua, pero sí algunas de ellas, como lo reconoció el diputado Pallais, quien informó que en la Asamblea Nacional se tramita un anteproyecto de ley contra el crimen organizado, en el cual “tratan de incluir aspectos novedosos en el país como la figura de protección a testigos, escucha telefónica, la entrega vigilada y el pago a informantes”. Sin embargo, la ley es importante pero no es suficiente. Por muy buena que fuera esa ley, de nada serviría si a va a ser aplicada por las mismas autoridades corruptas que hay ahora en Nicaragua. Por esto, precisamente, es que ha aumentado la presencia del crimen organizado. De modo que mientras la corrupción y la miseria sigan imperando, aunque fuera perfecta la ley contra el crimen organizado éste seguirá adueñándose del país. Y no hace falta decir qué es lo que se necesita cambiar en Nicaragua, para combatir realmente la corrupción, la miseria y erradicar el crimen organizado.
