La propuesta de reformas a la Ley Electoral, que impulsa un grupo superior a la docena de organizaciones civiles, “está desvinculada de intereses partidarios”, “no pone una tapa a la situación de fraude que se denunció en las elecciones municipales del 2008” y “no son un vehículo para otro tipo de reformas constitucionales que promuevan cambios de sistema o reelección”, según defendió ayer a LA PRENSA, Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade).
Tras la renuncia del organismo Hagamos Democracia al grupo promotor de reformas, Zúñiga aprovechó para resaltar la “necesidad y urgencia” de éstas, como “la mejor salida” a la crisis tras los resultados fraudulentos de las elecciones de noviembre pasado.
Zúñiga sostuvo que esta situación post electoral dañó gravemente la credibilidad del voto y la vigencia de la democracia en el país junto con el sistema electoral, ya descalificado por su actuar basado en intereses partidarios y no ciudadanos.
El martes pasado, la presidenta de Hagamos Democracia, María José Zamora, argumentó a LA PRENSA que “ahorita no es momento para debatir reformas a la Ley Electoral, porque sería avalar el fraude electoral y además esto abriría la posibilidad de hacer reformas que solamente beneficien a los partidos políticos mayoritarios”.
Pero para Zúñiga , “el hecho de que se continúe promoviendo las reformas no significa que se olvida la crisis post electoral, por el contrario, se trata de una propuesta constructiva para que la institucionalidad del sistema sea restaurada”.
El director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, también defendió la promoción de las reformas a la Ley Electoral.
Incluso, Courtney agregó como otra propuesta ante la crisis del sistema electoral, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucionales los artículos de la Ley Electoral que establecen la elección de magistrados por cuotas partidarias, por violar el derecho a la igualdad.
Los directores del Ipade y EyT coincidieron en que la propuesta de reformas electorales no pretende abrir la puerta a otras reformas que fortalezcan el status quo del pacto entre el liberal Arnoldo Alemán y el sandinista Daniel Ortega.
Por el contrario, insistieron en ésta como una propuesta viable a solucionar la crisis, pues la propuesta pretende garantizar la institucionalidad del sistema, fortalecer la participación ciudadana, evitar las actuaciones discrecionales y promover la transparencia.
