Una de las primeras medidas de ahorro que el Consejo Supremo Electoral (CSE) aplica para enfrentar el déficit presupuestario que lo afecta es la reducción del horario laboral que quedó establecido de las 7:30 a.m. hasta la 1:30 p.m., similar a lo orientado en otras instituciones del Estado, lo que por ende, afectará la atención de las personas que acuden a hacer trámites en el Registro Civil.
No obstante, una de las decisiones que podría implicar despidos de un número aún no determinado de empleados, de acuerdo a información extraoficial, es que las autoridades electorales entregarán las instalaciones de la sede administrativa, ubicada en Las Palmas, para ahorrarse el arrendamiento que oscila en 6,600 dólares mensuales, y para lo cual, algunos magistrados ya despachan en oficinas que les están acondicionando en Metrocentro.
Uno de ellos es el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, no así, el magistrado vicepresidente, Emmet Lang, que se mantiene en Las Palmas.
¿NUEVOS DESPIDOS?
La fuente señaló que hasta el momento los magistrados electorales se han comprometido a no despedir a ningún empleado que labora en la sede administrativa de Las Palmas, (aunque no descartan que puedan ser 150 empleados), y la propuesta es distribuirlos entre las instalaciones de Metrocentro y Sajonia, donde reforzarán principalmente el trabajo de las direcciones de Cedulación y Registro Civil, sobre todo en la primera área, tomando en cuenta que pretenden impulsar desde marzo el proceso de modernización del documento de identidad.
La fuente señaló que en crisis anteriores los magistrados han expresado que no despedirán a nadie, pero al final entregan cartas de despido, por lo que no confían en la promesa que les han hecho.
SIGUEN SIN HONRAR DEUDAS
Al consultarle a Ricardo Terán, dueño de la casa de Las Palmas, si es cierto la entrega del edificio que ocupa el CSE, respondió que no tenía conocimiento de esa decisión, y que por el contrario, las autoridades electorales le adeudan 158,400 dólares en concepto de arrendamiento, ya que no han cancelado desde febrero del 2007, y que a la fecha significa un retraso de dos años sin pagar el alquiler.
Terán es del criterio que la Contraloría General de la República debe investigar si existe un desvío de fondos o en qué se ha utilizado ese dinero, ya que se supone que el mismo es incluido en los programas de gastos que el Poder Electoral entrega de forma anual al Ministerio de Hacienda para su debida aprobación.
“Como ciudadanos nos sentimos atropellados, nos sentimos en un total estado de indefensión”, precisó Terán, quien agregó que existe un contrato firmado, pero aún así, los funcionarios electorales no lo cumplen.
Insistió en que el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, debe explicar en qué se ha invertido el dinero previsto para el pago del alquiler, porque ni siquiera es capaz de brindar una explicación de lo que sucede, porque cuando se presenta su madre Huggette de Terán, como representante de la familia, no la reciben en las instalaciones de Las Palmas, ni le responden las llamadas telefónicas.
Asimismo, se informó que el CSE no ha pagado el salario correspondiente a febrero, ni tampoco el viático de alimento y seguro médico de enero a sus empleados permanentes.
Las deudas del Poder Electoral no son exclusivas con la familia Terán, sino con varios proveedores, de los cuales, muchos afirman que sus negocios han quebrado por la actitud de no pago del CSE, que alega que el déficit deriva de la privación de recursos que tuvieron durante la Administración del ex presidente Enrique Bolaños.
