El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, José Pallais, reconoció que con el anteproyecto de ley contra el crimen organizado tratan de introducir aspectos novedosos en el país como la figura de protección a testigos, escucha telefónica, la entrega vigilada y el pago a informantes.
En este caso alegó que la iniciativa de ley establece que para todas estas iniciativas debe existir la autorización previa y supervisión de un judicial, para evitar abusos al momento de que se realice un proceso investigativo.
En un conversatorio promovido por la Fundación Konrad Adenauer, Pallais defendió ayer la necesidad de que sea aprobada en el país una ley contra el crimen organizado, pues dijo, las bandas ya están establecidas en el país, y mencionó como ejemplo el caso de turismo pedófilo que se registra en Granada.
A la fecha el proyecto ha sido discutido a nivel técnico, y está en consulta entre todas las instituciones relacionadas con el tema.
“Estamos chocando los cárteles, estas bandas criminales, estas organizaciones criminales, están ya instaladas en nuestro país, están fortaleciéndose, se les ha golpeado, pero vuelven a reorganizarse, vienen con más fuerza”, manifestó Pallais.
Explicó que el país es vulnerable por la posición en la región, pero además por muchas debilidades que presenta entre las que están una iniquidad social alta que ocasiona pobreza, altos niveles de debilidad institucional, y de corrupción en los diferentes poderes que propician el crecimiento y la sostenibilidad de estas organizaciones criminales.
“Esto urge, esto no puede esperar más, aquí está a riesgo no sólo la seguridad de cada uno de nosotros, sino que está a riesgo la institucionalidad misma del país, la democracia del país”, indicó Pallais, quien aclaró que aunque las organizaciones criminales no tienen objetivos políticos directos, debido a que su objetivo es el enriquecimiento para fortalecer su actuar, necesitan debilitar aún más las ya débiles instituciones.
Mencionó que el proyecto contempla la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado que reemplazaría al actual Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas. Y según Pallais, de aprobarse esta ley podrían llegar a recomendar sanciones y hasta el despido de funcionarios que incurran en delito.
Propone además que la Unidad de Bienes Incautados al crimen organizado dependa del Ministerio de Hacienda, para que funcione el principio de la caja única.
