La ONG nicaragüense Ética y Transparencia, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, dio a conocer el martes de esta semana el informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción que sirve para impulsar la lucha contra la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, la cual se basa esencialmente en la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la ley, la transparencia gubernamental y la moralidad del servicio público.
Ese informe, en el cual Nicaragua ocupa el deshonroso último lugar de Centroamérica, o sea que es el más corrupto de la región, fue emitido en septiembre del año pasado pero no se dio a conocer entonces “para no interferir con las elecciones municipales”, según explicaron portavoces de Ética y Transparencia. Pero precisamente por respeto a la transparencia es que ese informe sobre el aumento de la corrupción en Nicaragua, se debió haber divulgado cuando lo emitió Transparencia Internacional, en septiembre del año pasado. De todas maneras, la publicación del informe no hubiera perjudicado al FSLN, cuyo Gobierno es el culpable del empeoramiento de la corrupción en Nicaragua, pues el orteguismo ya tenía “ganadas” las elecciones municipales de noviembre pasado mediante el descomunal fraude electoral preparado por el Consejo Supremo Electoral de Roberto Rivas y compañía.
Ahora bien, es necesario precisar que no es el país, Nicaragua, el más corrupto de Centroamérica y uno de los peores en toda América Latina, sólo superado por Haití, Venezuela, Ecuador y Paraguay, según el informe de Transparencia Internacional. En realidad, la deshonra de ser el más corrupto de Centroamérica no se le puede atribuir al país, a Nicaragua, sino a su Gobierno, o más bien dicho a las personas que lo gobiernan. País es sólo un concepto y un ente jurídico que denomina a una nación, región, provincia o territorio, y no puede cometer actos de corrupción.
Quienes cometen los actos de corrupción son las personas. Los corruptos son los que gobiernan el país y manejan sus bienes y recursos como un botín político y personal; los que se enriquecen de manera ilícita, al amparo del poder público, mientras los empresarios honestos ven marchitarse sus negocios, los trabajadores pierden sus empleos y disminuyen su calidad de vida y los pobres son cada vez más pobres y más numerosos. No es, pues, el país, el corrupto, sino que son los individuos de carne y hueso los que saquean el Estado, viajan en aviones privados y viven a cuerpo de rey a expensas del erario y de la ayuda externa que recibe la nación.
Por otra parte, según el informe que presentó Ética y Transparencia la percepción de corrupción ha aumentado en Nicaragua por “la falta de transparencia en el manejo presupuestario, la falta de fiscalización de entidades públicas, los excesos de exoneraciones de procedimientos y requisitos de contrataciones del Estado, la disminución de la beligerancia de parte de los órganos de control, el incremento de la aplicación selectiva de salvaguardas legales (amparos), la limitada aplicación de la Ley de Acceso a la Información y otros mecanismos y, por supuesto, el fraude en las elecciones del año pasado”.
Todo eso es cierto. Y como para confirmarlo, el mismo día que se publicó la información sobre el aumento de la percepción de corrupción en Nicaragua, la noticia principal de LA PRENSA fue que “El Gobierno quiere ‘fiscalización cero’”, porque el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) tiene planeado hacer contrataciones directas por valor de 700 millones de córdobas al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Y se informó también, ese mismo día, que las autoridades ilegítimas de la Alcaldía de Managua han decidido ejecutar obras por 140 millones de córdobas sin cumplir los requisitos legales de licitación, con el pretexto de que serán inversiones para una “emergencia” que no existe.
En todos los países que son gobernados de manera decente, las contrataciones del sector público se hacen conforme a leyes que se rigen por principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, actualidad tecnológica y trato justo e igualitario. Así tiene que ser, porque su finalidad es garantizar que los bienes, servicios y obras contratados, sean de la calidad requerida y obtenidos en forma oportuna y a precios de costo. Pero aquí no valen esos principios y la Ley de Contrataciones del Estado es tratada como papel higiénico. Precisamente por eso es que el Gobierno de Nicaragua ocupa el último lugar en Centroamérica, en el Índice Internacional de Percepción de Corrupción.
