El martes de esta semana, 3 de febrero corriente, LA PRENSA informó que el periodista argentino radicado en Miami, Ricardo Trotti, denunció en su blog personal que “una fuente de alto nivel” en Nicaragua le había revelado que el gobierno de Daniel Ortega planea ejecutar en vísperas de Semana Santa, un plan para, entre otras acciones represivas, suspender en la Asamblea Nacional la inmunidad de Eduardo Montealegre, rechazar en la Corte Suprema de Justicia el recurso por inconstitucionalidad de la Ley Arce contra la libertad de prensa, y sacar de la Policía Nacional a su actual directora general, la comisionada Aminta Granera Sacasa.
Trotti estuvo en Nicaragua recientemente como parte de una delegación de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que vino al país para verificar las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión y de información que comete el gobierno del presidente Ortega. Los miembros de la delegación de la SIP tenían sumo interés en entrevistarse con Ortega, o con su esposa Rosario Murillo, coordinadora del todo poderoso Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero ambos se negaron a recibirlos y con la única persona importante del Gobierno que pudieron conversar, fue con el vicepresidente sandinista de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rafael Solís Cerda.
Cabe destacar que Ricardo Trotti es Director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, y por lo tanto uno de sus funcionarios más autorizados. Él se identifica a sí mismo —en su blog denominado Prensa y Expresión—, como “Periodista. Especialista en temas de libertad de prensa y ética periodística. Columnista e instructor en temas de libertad de prensa, de expresión y periodismo. Artista plástico…”. Además escribe una columna semanal que se publica en numerosos periódicos latinoamericanos, incluyendo LA PRENSA.
Al día siguiente que LA PRENSA informó sobre la denuncia de Ricardo Trotti, el comentarista político Jaime Arellano la confirmó y explicó “que ya había sido informado de que existía esa situación, por la misma persona que le comunicó las negociaciones que se realizaban en 1999 para implementar el pacto libero-sandinista, por lo que la considera ‘una fuente confiable’”. En realidad, Arellano fue quien denunció públicamente los entretelones secretos del pacto que estaban preparando Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN, en 1999. Era tanto el secretismo que rodeaba los preparativos de aquel pacto libero-sandinista contra la endeble institucionalidad democrática de Nicaragua, que el diario La Nación de Costa Rica lo calificó en un editorial publicado el 20 de noviembre de 1999 como una “aplicación tropical de la omertá o ley del silencio”. La omertá es practicada por las mafias del crimen organizado internacional y significa “la obstinación al silencio, esto es la decisión de no hablar de cualquier cosa que se haya sentido o visto, y aunque se tenga conocimiento”, según la definición de Wikipedia.
En aquella ocasión, los dirigentes del PLC y el FSLN negaban enfáticamente que se estaba fraguando el contubernio de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, con el mismo énfasis con el que ahora prominentes miembros del partido orteguista niegan la existencia del llamado “Plan Semana Santa”, y hasta se burlan de la denuncia diciendo que es una especulación originada en “mesas de tragos”.
Sin embargo, para nadie es un secreto que el gobierno de Daniel Ortega tiene en la mira al líder de la oposición democrática, Eduardo Montealegre, bajo la amenaza de desafuero para juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo por el caso de los Cenis. También es conocido que el gobierno de Ortega quiere mantener vigente la Ley Arce contra la libertad de prensa, a pesar de que choca de manera expresa y directa contra el artículo 68 de la Constitución. Y se conoce que la comisionada general Aminta Granera no es grata a Daniel Ortega como jefa de la Policía Nacional, y por lo tanto quiere sustituirla con alguien que sea de su absoluta confianza política, personal y familiar. Y la verdad es que conociendo la índole fascistoide de Ortega, no sólo eso se puede esperar de su Gobierno, sino cualquier otra y peor barbaridad represiva que pueda servir para allanarle el camino hacia la restauración de la dictadura, con la complicidad de un nuevo partido de minoría congelada o zancudo.
Pero tal vez y ojalá que esta denuncia pública del “Plan Semana Santa” pudiera servir para detener, o al menos para atenuar los nefastos propósitos represivos y dictatoriales del presidente Daniel Ortega, su familia, su partido y sus cómplices políticos.
