El problema de la falta de transparencia presupuestaria del Gobierno de Nicaragua, y en particular el ocultamiento de información pública sobre el monto, destino y uso de la ayuda de Venezuela, ha trascendido incluso internacionalmente.
En efecto, en un informe que el ONG norteamericano International Budget Partnership (IBP) divulgó el fin de semana pasado, se dice que “el Gobierno de Nicaragua se niega a dar cuenta de los fondos que recibe del Gobierno de Venezuela, rico en petróleo, y que aparentemente se han usado para préstamos no documentados a compañías ligadas al Gobierno y para recompensarlos con contratos no competitivos para proyectos en tierras públicas”.
El informe mencionado se refiere a un estudio que hizo dicha institución sobre la transparencia u opacidad con que los gobiernos manejan los presupuestos públicos. El estudio analizó 85 países de todo el mundo y encontró que el 80 por ciento de ellos no proporcionan una información pública adecuada sobre sus ingresos y sus gastos.
En la lista de países que se destacan como menos transparentes en el manejo de sus presupuestos, Nicaragua ocupa el número 62. Y llama la atención que entre los países latinoamericanos, los peor situados son los que forman parte de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), que creó y dirige el presidente izquierdista de Venezuela, Hugo Chávez. El Gobierno de Nicaragua, como ya dijimos, ocupa el lugar 62 entre los que manejan con menos transparencia los presupuestos públicos, en tanto que Venezuela está en el sitio número 54, Honduras en el 66 y Bolivia en el 74. De Cuba, que es el otro país latinoamericano miembro del Alba, no hay ninguna información porque su régimen totalitario se mantiene absolutamente cerrado al escrutinio público nacional e internacional.
Pero la falta de información de muchos gobiernos sobre los presupuestos públicos, no se debe únicamente a que no les gusta informar sobre los asuntos que atañen a toda la población. Esto sólo es una parte del problema. Lo peor es que la opacidad o falta de transparencia en el manejo de los ingresos y gastos nacionales, es para encubrir la corrupción gubernamental. Como dijo la señora Elena Mondo, coordinadora del estudio sobre el manejo presupuestario que hizo IBP: “El problema es que la falta de transparencia puede esconder situaciones de corrupción y mala gestión de los fondos públicos”.
En el caso específico de Nicaragua y la ayuda venezolana, según investigaciones de economistas independientes dicha cooperación alcanzaba en octubre del año pasado unos trescientos veintitrés millones de dólares, los cuales, en su mayor parte han sido desviados hacia gastos del partido gubernamental FSLN y de la familia gobernante. Es decir, que aparte de lo que expresó la coordinadora del informe de la IBP, acerca de que la ayuda venezolana a Nicaragua ha sido usada “para préstamos no documentados a compañías ligadas al Gobierno y para recompensarlos con contratos no competitivos para proyectos en tierras públicas”, esos fondos se utilizan para financiar los cuantiosos y ostensibles derroches gubernamentales, tales como los fastuosos viajes al extranjero en aviones privados que hace el presidente Ortega con toda su familia, la millonaria propaganda del titular del Ejecutivo para fomentar el culto a su persona, el mantenimiento de los numerosos agitadores oficialistas que se han tomado las rotondas de Managua para que no las usen la oposición ni la sociedad civil, el financiamiento a pandilleros para atacar a las manifestaciones democráticas, etc., etc.
Pero si mencionamos a los países cuyos gobiernos ocultan o limitan la información sobre los presupuestos públicos, y que lo hacen generalmente para encubrir la corrupción gubernamental, también hay que mencionar a aquellos que según el informe de IBP manejan los presupuestos de sus países con más responsabilidad y transparencia, cuales son Inglaterra, República Sudafricana, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de Norteamérica.
Y cabe señalar también que durante los gobiernos democráticos del período de 1990 al 2006, se logró avanzar considerablemente en el objetivo de hacer transparente el manejo del presupuesto público; pero ahora, bajo el nuevo gobierno autoritario de Daniel Ortega el país ha retrocedido o está retrocediendo a la misma oscuridad gubernamental que hubo en la década de los ochenta del siglo pasado.
