A propósito de la visita a Nicaragua de una delegación de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para ver la situación de la libertad de prensa bajo la Administración del presidente Daniel Ortega, sin duda que la mejor explicación oficial es la que dio de previo el doctor Hernán Estrada, Procurador General de la República, quien advirtió que si el presidente Daniel Ortega lo quisiera bastaría con que diera una orden para que no quedara piedra sobre piedra de los medios de comunicación.
Estas siniestras palabras del procurador Estrada son reproducidas a diario por Radio Corporación —cuya transmisión se escucha en todo el país y por medio de Internet en cualquier parte del mundo—, nueve veces al día y a distintas horas, para recordarle a los nicaragüenses y al mundo que Ortega no ha cambiado, que sigue siendo el mismo represor de siempre. Lo cual es absolutamente cierto, como lo prueban sus mismas acciones y lo demuestran las palabra del procurador, según el cual tenemos que agradecer a Daniel Ortega que nos haya perdonado la vida, hasta ahora, pues todavía no ha dado la orden para que no quede piedra sobre piedra de los medios de comunicación libres e independientes.
De manera que es muy importante que la SIP haya venido a comprobar las agresiones contra la libertad de prensa que soportamos aquí todos los días, las que han sido denunciadas ante ese foro de periódicos y periodistas del hemisferio occidental que vela por el respeto a la libertad de prensa y defiende a las víctimas de los gobernantes que violan ese derecho sagrado de la persona humana y de los pueblos.
En realidad, en el curso de los dos años que van del nuevo gobierno de Daniel Ortega, entre los retrocesos de la institucionalidad y la vida democrática que han habido el de la libertad de prensa es de los más notorios y sensibles. Con facilidad y grosso modo podemos indicar al menos ocho situaciones importantes de restricción y amenazas contra la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, impuestas en los últimos dos años. Veámoslas someramente:
Uno, los procesos y condenas arbitrarios contra el director y el jefe de redacción de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal y Eduardo Enríquez. Dos, las acusaciones infundadas contra los periodistas del programa de televisión Esta Semana y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), Carlos Fernando Chamorro Barrios y Sofía Montenegro. Tres, las presiones a los dueños de televisoras para cancelar los programas de opinión de Jaime Arellano. Cuatro, los ataques violentos en las calles contra periodistas que cubren acontecimientos políticos. Cinco, las presiones tributarias violatorias de la disposición constitucional (artículo 68) que exonera la importación de papel, tinta, material de reposición y maquinaria de repuesto. Seis, la discriminación a los medios independientes en la distribución de las pautas publicitarias del Gobierno. Siete, la liberación del asesino del periodista disidente del FSLN, Carlos Guadamuz, y los trámites para liberar al asesino de la periodista de LA PRENSA y Hoy, María José Bravo, lo cual encierra un mensaje de grave amenaza contra los periodistas independientes y de impunidad para quienes atenten contra ellos. Ocho, la autocensura que se imponen muchos periodistas por temor a ser atacados, acusados judicialmente, excluidos de las pautas publicitarias oficiales.
Es importante señalar que una de las principales violaciones al derecho de los nicaragüenses a la información libre e independiente, es la negativa del Gobierno a proporcionar información sobre los negocios públicos a los medios de comunicación que no son oficialistas. El desprecio del Gobierno al derecho de información se ha manifestado incluso contra la delegación de la SIP, a la que el presidente Ortega se ha negado a recibir ni siquiera por cortesía, a pesar de que con mucho tiempo de anticipación se le solicitó una entrevista para escuchar su versión y que escuchara las opiniones de los visitantes.
Pero el solo hecho de que la SIP se preocupe por la situación de la libertad de expresión en Nicaragua, y que haya enviado una delegación de alto nivel, es una muestra muy importante de solidaridad con quienes sufrimos las presiones y represiones del Gobierno de Daniel Ortega y defendemos la más preciosa de todas las libertades, que es la libertad de prensa.
