A inicios de la semana pasada Arnoldo Alemán, sonriente, afirmaba con toda la potencia que su voluminoso cuerpo le permite, que ya era libre para “ir a los bares y casinos”, pero también para disputar el poder político con su aliado Daniel Ortega. La afirmación la hacía tras la sorpresiva sentencia emitida por el Poder Judicial el 16 de enero, que fue la bomba que dinamitó la frágil institucionalidad del país, reventó el balance de poder y abrió la posibilidad de reformar la Constitución. Es, en palabras de un analista, la nueva cara del pacto.
El nuevo acuerdo entre ambos caudillos es la apuesta del presidente Ortega de sepultar la controversia generada tras las denuncias de fraude en las elecciones del 9 de noviembre. El fraude era necesario para lograr el control de los municipios y la hegemonía que necesita el Presidente para legitimar su gobierno y aumentar su poder político. Y Alemán, al ceder el control de la Asamblea a cambio de su libertad, entierra la posibilidad de que se declaren nulas las elecciones y abre la oportunidad de reformar la Constitución para levantar las trabas que no le permiten al Presidente cumplir lo que los analistas consideran su proyecto político: una reelección indefinida.
Con Alemán libre y sus derechos políticos restituidos, Ortega obtiene al sociopolítico ideal. Como explica el experto en temas de derecho, Silvio Prado, para Ortega es importante habilitar al ex presidente dentro del liberalismo, con el fin de debilitar al otro polo emergente, el movimiento encabezado por el ex banquero Eduardo Montealegre, con quien el Presidente hasta ahora no ha podido negociar. Alemán toma más firmemente la batuta del PLC y sofoca los focos de rebelión que podrían generarse dentro del partido, cuyo principal debilitador ha sido el mismo caudillo. “Un Arnoldo preso era un Arnoldo débil”, dice Prado.
Desde mediados de la década de 1990, el PLC se convirtió en el partido político más importante de Nicaragua. Había ganado dos elecciones consecutivas con más del 50 por ciento de los votos, al agrupar a esa parte del electorado mayoritariamente antisandinista. Alemán se fue haciendo, de forma astuta, con el poder del partido, comprando, según algunos analistas, con prebendas y favores políticos la simpatía y lealtad de los miembros de esa organización. Es así que al controlar el partido, Alemán controlaba el Estado y concentraba en torno a él el poder político y económico. Pero fue a partir de las negociaciones con el FSLN en 1998, generadas por la ambición de Alemán de mantener su poder económico y político a través de un cogobierno con el entonces opositor Daniel Ortega, que el PLC se fue debilitando. Y cuando los escándalos de corrupción de su Administración comenzaron a salir a luz pública, Alemán, temeroso de la cárcel, hizo más concesiones a Ortega, cuya finalidad era regresar al Gobierno tras tres humillantes derrotas.
El viernes 16 de enero, horas después de leída la sentencia que lo ponía en libertad, Alemán festejaba con una opípara fiesta, arropado por diputados, magistrados y funcionarios leales, su regreso como actor principal a la que la diputada Mónica Baltodano ese mismo día calificó como la tragicomedia política nicaragüense.
La lealtad de los políticos que asisten a las fiestas organizadas en los salones de El Chile –donde el caudillo cumplía a cuerpo de rey la condena de 20 años de cárcel al ser acusado por robarle al Estado– no será suficiente para garantizar el resurgimiento político de Arnoldo Alemán, quien tendrá que vérselas con los líderes locales del PLC, frente a quienes, según Dora María Téllez, Alemán está “liquidado”.
“Arnoldo Alemán es un ladrón que hace un arreglo para lograr impunidad, un arreglo en el que él entrega un certificado de limpieza de las elecciones municipales. Si Ortega le condona la robadera a Alemán, Alemán le condona la robadera de las elecciones a Ortega”, dice Téllez.
Si el ex Presidente no reconoce el fraude, agrega la ex guerrillera, deja “sacrificados” a los líderes locales del PLC, quienes ven en la figura del caudillo a un comerciante que negocia su bienestar político a cambio de las alcaldías y concejalías que ganaron en las urnas los candidatos liberales.
“Eso lo coloca en una situación crítica en el partido. En el PLC existe el sentimiento generalizado de que Alemán sacrificó a todo el mundo para salvarse él. Alemán está liquidado. Qué credibilidad puede tener, qué líder local lo va a apoyar si él los sacrificó. Alemán es un hombre cuyo único juego en la política depende de lo que coma de la mano de Daniel Ortega, a quien le interesa mantenerlo como líder del PLC, porque ha tenido una buena negociación con él”, explica Téllez.
Existe, sin embargo, la posibilidad de que Alemán, en su afán de retomar el liderazgo de las bases liberales, mantenga un discurso crítico sobre el fraude, un arreglo entre partes que, como explica el experto en temas políticos José Luis Velásquez, le permita al PLC retomar unas cuantas alcaldías, presentarse como el verdadero líder de la oposición, enterrar la controversia y negociar las reformas a la Constitución que urgen al presidente Ortega, empantanado en un gobierno al que las encuestas le dan una popularidad de apenas 20 por ciento, que ahora se ha mostrado incapaz de lograr consenso, negociaciones políticas y alianzas para sortear la crisis política y económica que enfrenta el país.
Dar esa concesión a Alemán, significa aceptar que hubo irregularidades en las elecciones, que fue violada la voluntad de los electores, que el FSLN no ganó legítimamente las 105 alcaldías que ahora tiene. Un riesgo que Ortega no puede correr.
Los analistas concuerdan que no será fácil cerrar el capítulo del fraude electoral, a pesar de la multitudinaria juramentación de los alcaldes electos, montada por el Gobierno en la Plaza de la Revolución, de Managua, con la que se pretendía sellar la polémica. Para Silvio Prado y Dora María Téllez, el electorado es el que tiene la última palabra sobre el tema.
“Por mucho que los hayan juramentado, las autoridades salidas del fraude tienen que pasar por la prueba de la gobernabilidad. Habrá que ver si los alcaldes que son fruto del fraude van a poder gobernar frente a una población con la que se tienen que ver todos los días”, asegura Prado.
“El fraude es una pelea que hay que seguir dando. Todavía la población puede recurrir a la desobediencia civil con las alcaldías robadas. Son autoridades ilegítimas e ilegales. El fraude no está consumado”, dice por su parte Téllez.
En muchos municipios del país, la población rechaza a las autoridades electas el pasado 9 de noviembre. Es el caso de Santo Tomás, en Chontales, donde los comerciantes se han puesto de acuerdo para desobedecer a las nuevas autoridades sandinistas y no pagar impuestos.
A mediados de la semana pasada el magistrado sandinista del Poder Judicial, Rafael Solís, asistió a un programa de televisión matutino para presentar las bendiciones, que según él tendría para Nicaragua el cambio de sistema de gobierno. Solís decía que el parlamentarismo, que es el sistema que se estaría discutiendo en la Asamblea Nacional, fortalecería el bipartidismo, el consenso en la toma de decisiones y la estabilidad política. El magistrado, entusiasmado, hasta se tomó la libertad de hacer paralelos con el parlamentarismo británico, allá donde laboristas y conservadores negocian para formar gobierno y mantener el balance de poder. Solís no mencionó que en el Reino Unido no existe un Tribunal Electoral cuestionado, ni un sistema judicial que responde a intereses partidarios, ni caudillos, cuyo único interés es reformar la ley a su favor.
El modelo parlamentarista que se discutiría en Nicaragua, según José Luis Velásquez, estaría conformado por una Asamblea electa por voto popular, que entre sus funciones tendría la de escoger un jefe de Estado –en el caso del Reino Unido, el ejemplo dado por Solís, es la reina Isabel II– con atribuciones como el manejo de las relaciones internacionales, comportarse como árbitro entre fuerzas políticas y hasta el nombramiento de funcionarios. Este cargo, dice Solís, podría ser ocupado por Ortega.
A la par de este jefe supremo, estaría el jefe de gobierno –en el caso británico, el primer ministro Gordon Brown–, encargado de la administración del Estado. Éste podría ser citado o destituido por la Asamblea Nacional en caso de crisis. El cargo, según los expertos, le sentaría bien a Alemán o un miembro del PLC leal al caudillo.
Bajo este sistema, las dos fuerzas políticas mayoritarias garantizan su permanencia en el poder, con una oposición nula o precaria.
“Se asegurarían estos partidos hasta 15 años de gobierno. El proyecto político del presidente Ortega es quedarse con el poder para siempre, para él o para su familia. Ese es el proyecto de todos los dictadores que hemos tenido en Nicaragua. Todos quedan enamorados del poder”, explica Velásquez.
Para los expertos, la oposición en la Asamblea Nacional debe evitar que se den las reformas a la Constitución para garantizar ese cambio de gobierno –o la reelección indefinida–. Debe haber una posición firme contra esas reformas por parte de los 15 diputados de la Bancada Democrática, del MRS y liberales inconformes. Pero si las reformas se votan de la misma manera que se escogió la nueva Junta Directiva parlamentaria, los analistas dicen que los diputados opositores y la sociedad civil deben exigir un referendo que permita al electoral elegir si quiere un cambio en el sistema de gobierno. Eso, dice Silvio Prado, está en manos de la población.
“La oposición ha hecho un mal papel, no ha sido capaz de controlar al Gobierno, no tiene ningún vínculo con la población. Debemos presionar porque la Asamblea funcione como la sede de la soberanía popular. Las soluciones deben salir de nosotros, demostrar que somos una sociedad que ha aprendido de todos los regímenes políticos que ha tenido”.
Dora María Téllez habla de “un proceso de movilización popular” para evitar que hayan reformas que impidan el cambio de sistema o la reelección indefinida. Y José Luis Velásquez menciona “otros canales de lucha” como insurrecciones espontáneas, generadas por el mismo malestar económico y la exclusión política; y conspiraciones internas dentro de los mismos partidos políticos para eliminar liderazgos.
“En la política extraparlamentaria, se abren grandes oportunidades, porque la gente va decepcionándose de esta clase política, lo que desatará un deseo de un nuevo liderazgo en el país. Plantea un nuevo tipo de lucha a mediano plazo, formándose una nueva conciencia política y de querer hacer una transformación en el país”, explica Velásquez.
Es, según los expertos, la oportunidad para demostrar qué tan madura está la cultura política y el anhelo democrático de los nicaragüenses de a pie, una sociedad que ha sufrido en carne propia décadas de dictaduras, guerras, ineficiencia política y corrupción.
