El 22 de enero de 1967 es una de las fechas más trágicas, pero también muy aleccionadoras, de la historia política de Nicaragua. Y es muy importante reflexionar sobre ella en este 42 aniversario, cuando las causas de aquel acontecimiento sangriento se han vuelto a recrear y la amenaza de una nueva plaga de violencia política se cierne sobre la nación.
Lo que ocurrió aquel domingo 22 de enero de 1967, donde entonces era la Avenida Roosevelt o Central de Managua, en el largo tramo que va desde el sitio que ahora es la Asamblea Nacional hasta la plaza de la vieja Catedral de Managua, fue lo siguiente:
Ese día la alianza democrática electoral Unión Nacional Opositora (UNO), cuyo candidato presidencial era el líder conservador Fernando Agüero Rocha, realizaba en Managua su manifestación de cierre de campaña para las elecciones presidenciales y legislativas que tendrían lugar el 5 de febrero siguiente, mientras el Partido Liberal Nacionalista y su candidato Anastasio Somoza Debayle, hacían una concentración pública en el centro de la ciudad de León.
La UNO participaba en aquella campaña electoral a pesar de sus denuncias de que no habían garantías para una elección libre y limpia, y de que los comicios del 5 de febrero siguiente serían otra vez fraudulentos, igual que las farsas electorales que se había sucedido desde que se estableció la dictadura dinástica somocista, tras el golpe militar de Estado que el general Anastasio Somoza García le propinó en 1936 al presidente Juan Bautista Sacasa, su tío político. Sin embargo, la UNO insistía en participar, manifestándose masivamente en las calles en demanda de garantías electorales democráticas, con la esperanza de que en el último momento podrían ser conseguidas.
De manera que para el 22 de enero se planeó convertir la gran manifestación opositora de cierre de campaña electoral, en una rebelión popular para: 1) obligar al Gobierno somocista que presidía Lorenzo Guerrero Gutiérrez, a posponer las elecciones del 5 de febrero por algún tiempo, mientras se implementaban las garantías legales y políticas que demandaba la oposición, tales como reestructuración del Tribunal Supremo Electoral, reforma de la Ley Electoral, participación efectiva de fiscales de la oposición en los centros de votación y escrutinio y observación electoral de la OEA; 2) forzar al Estado Mayor de la Guardia Nacional (como se llamaba entonces el Ejército), a una negociación con la dirigencia opositora, para que el estamento militar apoyara las demandas de la oposición democrática.
Con ese plan supuestamente estaban de acuerdo algunos altos oficiales de la Guardia Nacional, pero ellos finalmente no actuaron como se habían comprometido a hacerlo, quizás porque sólo habían simulado complicidad con la oposición para poder estar al tanto de sus planes y actuar eficazmente contra ella en el momento decisivo; o porque, a última hora, aquellos militares tuvieron miedo de que el plan fracasara y de que a ellos les ocurriera lo mismo que de manera invariable le había ocurrido prácticamente a todos los miembros de la GN que se involucraron anteriormente en conspiraciones contra Somoza, es decir, que fueran asesinados.
Al fracasar el plan lo que ocurrió fue que se desató una balacera, según una de las versiones porque efectivos de la Guardia Nacional dispararon primero contra los manifestantes; pero según el Gobierno porque un francotirador de la oposición disparó contra el teniente Sixto Pineda, quien se encontraba al frente de los efectivos militares. En todo caso, el hecho fue que hubo una matanza humana —por la cual aquel día 22 de enero de 1967 mereció el calificativo siniestro de “domingo sangriento”— de la que únicamente se supo que la Guardia Nacional sufrió 13 bajas, aunque sólo un muerto (el teniente Pineda). La cantidad de muertos y heridos en el pueblo opositor jamás se conoció.
Cuarenta y dos años han pasado desde entonces y es impresionante — por decirlo de alguna manera— que a pesar de tanto tiempo transcurrido, de tanto daño material y sobre todo de tanta sangre derramada, sin embargo aún persisten las mismas causas de falta de garantías electorales, de gobernantes autoritarios que insisten en reelegirse y permanecer en el poder para siempre por medio de pactos políticos corruptos y fraudes electorales, de irrespeto a los derechos humanos democráticos de los ciudadanos, de desesperación entre los oprimidos e irresponsabilidad de los opresores. Es como si por alguna misteriosa maldición, los nicaragüenses estuviéramos condenados a no aprender de nuestra propia historia.
