Sonia Rodríguez trabaja como enfermera en el Hospital de Rivas y tiene una deuda de 5 mil dólares, entre cuatro microfinancieras.
El dinero dice que lo invirtió en los estudios de sus hijos y el mejoramiento de su casa. Actualmente lleva dos meses de retraso en sus cuotas de pago y tiene embargado su salario.
Cuenta que esa situación la motivó a unirse el pasado 12 de enero a la manifestación que organizó el Movimiento de Productores, Comerciantes, Microempresarios y Asalariados del Norte (conocidos como los “no pago”), en conjunto con la Red de Defensa del Consumidor.
Sonia era una de las cientos de personas que se congregaron frente a la Asamblea Nacional para exigir la rápida aprobación de la iniciativa de Ley de Moratoria.
La propuesta de Ley busca suspender durante los próximos tres años los desalojos, los embargos salariales y las subastas y ventas de bienes muebles e inmuebles de los deudores.
La idea suena bien para muchos, pero expertos consultados aseguran que ésa sería una ley para no pagar, pues, una vez suspendidas esas formas con que las microfinancieras y bancos regulados recuperan su capital, cuando el cliente no puede pagar, nada obligará a los morosos a honrar sus deudas.
Casos como el de la enfermera de Rivas han logrado fortalecer el movimiento del “no pago”, integrado actualmente por unas 1,500 personas, según sus dirigentes.
De esas 1,500 personas, unas mil reestructuraron sus deudas con las microfinancieras hace meses, luego de hacer protestas violentas, pero sólo un mínimo porcentaje está pagando.
Los integrantes del movimiento aseguran que quieren pagar, pero “pagar lo justo”, y culpan a las microfinancieras por cobrar “altas tasas de intereses”, por lo cual no quieren pagar.
Las microfinancieras, por su parte, han manifestado que los intereses que cobran son los acordados en los contratos que los morosos firmaron, y que han incumplido. El sector privado en general y hasta representantes del Gobierno han hecho llamados, en las últimas semanas, a saldar las deudas, porque de no hacerlo habría serias repercusiones contra la economía nacional. Incluso, sería una forma de promover el surgimiento de más movimientos de deudores.
MORALES: SERÍA RETROCESO
El Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, expresó que sería “catastrófico” que la cultura del no pago volviera a imponerse en el país, como ocurrió en la década de los ochenta, cuando también gobernaba Daniel Ortega.
“Sería un retroceso monumental el que la gente, abusando de la buena fe, saca un crédito y después lo utiliza para otros fines y después, lo que es peor, dice: ‘no lo pago porque hay una campaña de solidaridad’, de sinvergüenzas”, advirtió Morales.
El vicemandatario, quien fue banquero hasta hace tres décadas, recomendó hacer una separación entre los clientes que se encuentran en situaciones económicas difíciles y por ello no pueden pagar, y los clientes que, aunque puedan, no pagan porque simplemente no quieren.
MAYORGA: CONTAGIO SERÍA RÁPIDO
El economista y ex banquero Francisco Mayorga dice que confía en que todos los sectores del país, incluyendo al Gobierno, estén conscientes de que la cultura del no pago no puede volver a imperar en Nicaragua, porque el contagio para la cartera de la banca privada sería “espantoso”.
“Una vez que arrancamos con las microfinancieras, pasar a las tarjetas de crédito es fácil y hay muchísima gente que debe; y si ellos se asocian y comienzan a demandar reestructuraciones y que no van a pagar, eso tendría un impacto muy duro sobre la banca”, advirtió Mayorga.
“Por el otro lado, los que han proveído fondos a estas instituciones, al ver que ya la posibilidad de recuperar los recursos comienza a debilitarse, cortarían ese flujo que ha venido del exterior (...) Eso tendría un impacto muy negativo sobre el campesino, el pequeño productor, la pequeña industria”, agregó.
AGUERRI: CORTAR DE RAÍZ
El tema del no pago se convirtió en las últimas semanas en una de las preocupaciones de la empresa privada nicaragüense, porque este fantasma, que de momento sólo amenaza a las microfinancieras, puede provocar que se retengan los préstamos que dinamizan la economía del país.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que es necesario cortar al movimiento de no pago “de raíz”, para evitar que se promueva la cultura de deuda.
“Los distintos sectores en general están teniendo serios problemas, entonces, en la medida en que vos mandés señales de desconfianza al Sistema Financiero, lo único que lográs es que, entonces, las ya preocupantes expectativas de financiamiento se compliquen aún más, porque ese tipo de movimientos lo que hace es aumentar el riesgo país, lo cual hace que tengamos que obtener cada vez menos recursos a costos más caros”, explicó Aguerri.
Ernesto Porta, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, considera que si a la crisis de flujo de capitales bancarios se le suma el problema del no pago, en Nicaragua “lo único que estamos logrando es profundizar la crisis más”.
“Más conservadores van a ser los agentes financieros que otorgan créditos, porque aparte de que en el extranjero se les está cortando su línea de crédito localmente, ese movimiento (del no pago) lo que provoca aumentar es el riesgo de la actividad de financiar a los clientes nicaragüenses”, añadió.
En ese sentido, Enrique Zamora, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), expresó que el regreso de la cultura del no pago sería como “llover sobre mojado”.
“Ahorita, lo que hay que ver es, de toda la situación mundial, cómo hacemos para salir adelante; y una de las cosas es otorgar financiamiento, entonces tiene que haber estabilidad”, señaló.
Zamora destacó que el ciclo productivo empezará en mayo y va requerir financiamiento, y para lograrlo se requiere un clima de estabilidad, con el que no contribuye la cultura de no pago.
“Es una irresponsabilidad, si ponemos en riesgo la producción alimentaria de este país por un pequeño grupo de gente que no cumplió con lo que tenía que cumplir, con la responsabilidad que le correspondía”, comentó Aguerri, presidente del Cosep.
WONG: DAÑARÍA TODO EL SISTEMA FINANCIERO
El ex banquero y ex director de la Corporación de Zonas Francas, Gilberto Wong, considera que sería un “gravísimo error el querer fomentar aquí una cultura de no pago de las obligaciones financieras (...) Eso sería un retroceso muy grande para Nicaragua”.
Wong asegura que el conflicto originado por el movimiento de “no pago” es un problema a escala porque es dudoso que organismos financieros internacionales “quieran prestarle a un país donde haya personas que promuevan una cultura del no pago”.
“Hoy son tal vez los deudores de las microfinancieras, después van a decir los deudores de los bancos, los usuarios de los créditos al consumidor, ‘si les dieron (ley) una para que éstos no paguen, entonces por qué vamos a pagar’... Es una escalonada a otros sectores y que obviamente puede perjudicar el sistema financiero del país”, manifestó.
ALANIZ: HABRÍA MUCHO DESEMPLEO
Alfredo Alaniz, ex presidente del Banco Central de Nicaragua y actual director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), reconoce que el regreso de la cultura del no pago sería sumamente perjudicial para Nicaragua; sin embargo, considera difícil de que esto pueda ocurrir.
“Eso significaría sacar leyes de condonación de deudas, o leyes como la moratoria que pretenden hacer; y el poner a las instituciones financieras, someterlas a una ley que no les permita recuperar los créditos; significaría que estas instituciones no dispongan de los recursos para poder cumplir con sus obligaciones”, explicó Alaniz.
Dijo que ese fenómeno implicaría que los proveedores externos de las empresas de microfinanzas pierdan la confianza en el país y recuperarían su dinero, dando por vencidos los créditos, lo cual significaría cerrar el sector de microfinanzas en Nicaragua.
“La economía se vería afectada tanto por la incapacidad de nosotros de pagar nuestras deudas, como por la incapacidad de seguir atendiendo a los clientes, los productores y los comerciantes”, comentó Alaniz.
“Esto, en una situación de crisis como la de este año, vendría a acentuar la crisis. La otra consecuencia es que si el crédito no se sostiene, se generaría mucho desempleo en el país, porque evidentemente los negocios no podrían trabajar sin créditos”, agregó.
Según cifras de Asomif, los microcréditos generan en Nicaragua cerca de 750 mil empleos.
LEY DE MORATORIA CONTRA POBRES
“El desempleo a su vez generaría un caos social en el país, de tal manera que esta ley (de moratoria) tendría consecuencias económicas, políticas y sociales. Lejos de apoyar al pobre, vendría a perjudicarlo, porque no podría recibir el crédito como lo han estado haciendo”, sostuvo Alaniz.
Según estimaciones del director de Asomif, el monto aproximado de deuda de los miembros del movimiento de “no pago” ronda el millón de dólares, lo que afecta a 13 entidades financieras.
“Si sumamos la cartera de Asomif y los bancos regulados, estamos hablando de 600 millones de dólares; entonces, en realidad es un número ínfimo, lo cual demuestra que éste no es un movimiento nacional. Es más la bulla que hacen”, aseguró.
NUNCA MÁS
Las instituciones de microfinanzas, los bancos y las empresas comerciales trabajan con bases de datos de los clientes, llamadas centrales de riesgos, donde consultan el estado crediticio de cada individuo.
Los integrantes del movimiento de morosos están en esas bases de datos y son calificados como clientes D o E, o sea, considerados como clientes de riesgo.
Alfredo Alaniz dijo que si los miembros de este movimiento no pagan, cualquier institución financiera tendrá acceso a esa información y nunca más serán sujetos de crédito. “Nadie se va a arriesgar a dar un crédito a un cliente malo”, enfatizó.
