Mientras el resto de países de la región ya están aplicando planes de emergencia para no ser tan severamente afectados por la crisis económica global, Nicaragua aún continúa a la espera de un plan.
Desde inicios de la semana pasada se especulaba la fecha para que el presidente Daniel Ortega presente el esperado “plan anticrisis”, que se supone evitará una crisis económica mayor para este año.
Sin embargo, apenas el jueves el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, empezó a recopilar propuestas de la empresa privada del istmo para que sean tomadas en cuenta por el Gobierno como medidas paliativas contra la crisis.
Los encargados de transmitir las sugerencias fueron los miembros de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap).
Un día después le tocó el turno al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que durante cuatro horas le presentó al gabinete económico algunas propuestas para que sean incluidas en el plan.
Según manifestó posteriormente Carazo, las propuestas del Cosep giraron en torno a mejorar el clima de negocios en el país, lo que incluiría hasta desalojar a los “rezadores” de las rotondas. El vicemandatario no ahondó más en las sugerencias del Cosep.
Según dijo, eran demasiadas las propuestas, pues se presentaron por cada una de las 16 cámaras que conforman el Cosep, y dijo que debían sintetizarlas y enviarlas ayer para “ver si se incluían algunas”.
LOS VECINOS
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes, dio a conocer en su visita a Nicaragua que algunas de las medidas con las que ese vecino país ya está preparándose para la crisis es el trabajar en la competitividad del país.
Una de las medidas es mantener los recursos de la banca, para que haya un flujo constante. Asimismo, Bulnes explicó que están trabajando en obtener parte de las importaciones del mercado asiático, y así no ser tan afectados por la recesión estadounidense.
Para todo eso, dijo Bulnes, es necesario que el Gobierno de ese país tenga una excelente relación con el sector privado, que haya una buena supervisión de la comisión de banca y seguros, y disponibilidad de recursos para el sector productivo.
Agregó que también harán énfasis en la formación de los trabajadores, para elevar la competitividad.
En este sentido, César Estrada, representante de la cúpula empresarial de Guatemala, explicó que en ese país están haciendo un llamado a la unidad nacional, a través de los medios de comunicación, “para que en conjunto se pueda salir adelante”.
Destacó que el gobierno de ese país también está desarrollando estrategias, para aumentar la seguridad, y así puedan mejorar la situación del turismo.
“El desempleo y la inseguridad serán nuestros dos grandes enemigos y donde pondremos más énfasis”, aseguró.
Por su parte Rafael Carrillo, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, detalló que una de las medidas más fuertes que implementa ese país es la inyección de 300 millones de dólares en los bancos del Estado.
“Hemos tenido la suerte que el Congreso Nacional, que es tan lerdo para cosas como el TLC, en 20 días aprobó una ley que capitaliza los bancos del Estado y le inyecta un capital importante, que servirá para elevar la suficiencia patrimonial y se pueda seguir prestando dinero”, explicó.
Carrillo sugirió que esta medida debería ser retomada por el resto de Centroamérica.
Actualmente en Costa Rica se está preparando un proyecto del ley, que les permitiría modificar la jornada laboral, para que las personas en sectores que deberán reducir su trabajo, no sean despedidas, sino que puedan trabajar medio tiempo y se les pague por hora.
Además de eso, Carillo afirmó que se está por concretar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, para generar mayor inversión pública, pues “eso genera más empleo y reactiva la economía”.
Agregó que también se están formulando medidas para atender el sector turismo, pues la afluencia de turistas ha caído.
PROPUESTA A GOBIERNOS
Durante la visita de los representantes de las cúpulas empresariales, se elaboró una propuesta anticrisis para todos los gobiernos del istmo, y firmada por la Fedepricap. La propuesta se resume en seis aspectos: el primero es fortalecer el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales que tutelan el libre ejercicio de las actividades económicas y la propiedad privada.
La segunda propuesta es asegurar las condiciones necesarias para estimular la inversión nacional y extranjera, así como la cooperación internacional.
La tercera es priorizar la agenda socioeconómica por encima de los intereses políticos partidarios.
También se pidió promover las políticas económicas en concertación con los sectores gremiales empresariales organizados; desestimar las medidas populistas que generen incertidumbre, y fortalecer las instituciones encargadas de resolver graves problemas de inseguridad ciudadana, que afectan la estabilidad económica y social.
