El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) anunció ayer que está preparado con una red de 300 observadores para las elecciones de mañana, en siete municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
Según el director ejecutivo de ese organismo, Mauricio Zúñiga, tendrán un dispositivo de observación y monitoreo en seis de los siete municipios en los que se realizarán los comicios.
La red de observación estará presente en los municipios Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Bonanza, Mulukukú y Siuna. Solamente no tendrán presencia en Prinzapolka.
“Vamos a tener presencia en 121 Centros de Votación, que equivale al 48 por ciento del total de Juntas Receptoras de Votos que existen en la RAAN”, explicó.
Zúñiga advirtió que están calificados para detectar cualquier indicio de fraude electoral, como el ocurrido en las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre en el resto del país.
“Nuestra red de observadores tiene la capacidad de detectar cualquier eventualidad sospechosa y en nuestro informe estamos preparados para valorar si se hizo una buena elección o hubo fraude”, indicó.
Explicó que el Ipade tramitó por tercera ocasión su acreditación ante las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), como organismo de observación electoral, pero les fue negada.
Sin embargo, anunció que participarán realizando un monitoreo y aplicando técnicas que se utilizan en otros países donde tampoco son permitidos los observadores.
“No necesitaremos la acreditación de un Consejo Supremo Electoral sin credibilidad”, enfatizó Zúñiga.
“La consecuencia de no permitir observación electoral nacional es la poca credibilidad del Consejo Supremo Electoral”, sostuvo.
“Vamos a dar seguimiento a los principales reportes de las elecciones”, añadió.
Indicó que además realizarán un monitoreo a los medios de comunicación locales y nacionales.
También harán entrevistas con los representantes de los partidos políticos, con miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y con los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.
Además, revisarán las condiciones de apertura y cierre de las mesas electorales, igual que la transmisión y respeto de los resultados de las elecciones.