Juristas de oposición e independientes, expertos en derecho político, electoral y constitucional, han advertido que la toma de posesión de nuevas autoridades municipales programada para hoy en la tarde en la plaza de la vieja Catedral de Managua, es o será un acto ilegal e ilegítimo porque no se han cumplido los requisitos previos establecidos por la Ley Electoral.
En realidad, ese acto en la plaza de la vieja Catedral de Managua será más que todo un show político de Daniel Ortega. “Los municipios —dice el artículo 177 de la Constitución— gozan de autonomía política, administrativa y financiera”. Por lo tanto no es ante el Presidente de Nicaragua que los alcaldes y concejales tienen que tomar posesión de sus cargos, sino únicamente ante el Consejo Supremo Electoral.
Por otra parte, la supuesta toma de posesión de las nuevas autoridades municipales es ilegal e ilegítima, porque el Consejo Supremo Electoral no ha cumplido los requisitos previos que manda la Ley. En primer lugar, el Consejo Supremo Electoral no ha dado a conocer los resultados finales de las votaciones del 9 de noviembre. Por otra parte, proclamó el supuesto triunfo del FSLN antes de la fecha señalada para tal acto en el Calendario Electoral, y sin haber resuelto los recursos de revisión que al menos en cincuenta municipios presentó oportunamente la Alianza PLC, que fue el partido de oposición participante en las elecciones municipales del año pasado.
Según el artículo 166 de la Ley Electoral: “Dentro de los tres días posteriores a la publicación a que se refiere el artículo 160 de esta Ley (o sea la publicación provisional de los resultados de las votaciones), los partidos políticos o alianzas de partidos que hayan participado en la elección correspondiente, podrán presentar recursos de revisión ante el Consejo Supremo Electoral”. Y el artículo siguiente (167) de la misma Ley señala que: “Interpuesto el recurso, el Consejo Supremo Electoral, con los informes de los Organismos Electorales, mandará a oír a los partidos políticos o alianzas de partidos para que respondan lo que tengan a bien dentro de tres días contados a partir de la notificación. Vencido el término, el Consejo resolverá dentro de los cinco días siguientes”.
Como se ve, la Ley Electoral no dice que el Consejo Supremo Electoral podrá resolver los recursos de revisión de los resultados electorales, sino que imperativamente establece que los “resolverá dentro de los cinco días siguientes”. O sea que no es facultativo del Consejo Supremo Electoral resolver o no los recursos de revisión, antes de mandar a publicar los resultados totales y definitivos de las elecciones y de proclamar a los vencedores. Es que tiene la obligación de hacerlo, de manera que al convocar a las autoridades municipales falsas y legítimas a esa farsa de toma de posesión ante Daniel Ortega, el Consejo Supremo Electoral agrega otra ilegalidad al rosario de violaciones a la ley, arbitrariedades e incompetencias que han caracterizado su actuación en los últimos meses, comenzando con el escandaloso fraude que perpetró en las elecciones del 9 de noviembre.
Cabe aclarar que decimos autoridades municipales falsas y legítimas, porque muchos de esos alcaldes y concejales son producto del escandaloso fraude que perpetró el Consejo Supremo Electoral en los comicios municipales del 9 de noviembre pasado. Sin embargo, en los municipios donde no hubo fraude las nuevas autoridades municipales sí son legítimas, porque allí los alcaldes y concejales ganaron las elecciones con el voto popular, y si el orteguismo no se las robó fue porque hubiera sido el colmo de la desvergüenza que se proclamara vencedor en todos los 146 municipios donde hubo elecciones el año pasado.
De manera que hacen bien los candidatos de la oposición que ganaron las elecciones municipales y que por la razón que sea el Consejo Supremo Electoral no les hizo fraude, en asumir los cargos que les corresponden, y hacen mejor en no asistir a la farsa de toma de posesión programada para hoy en la plaza de la vieja Catedral de Managua. Presentarse a ese show sería no sólo avalar la ilegalidad sino también humillarse ante Daniel Ortega, como dijo el representante legal de la Alianza PLC, diputado Wilfredo Navarro.
En realidad, todo lo que está haciendo el Consejo Supremo Electoral en relación con las elecciones del 9 de noviembre pasado es fraudulento, está viciado de nulidad, es ilegal e ilegítimo. Y lo menos que pueden hacer la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos democráticos, es repudiar y desconocer a todas las falsas autoridades municipales que son hijas del fraude.
