Eiron Ismael Salas, funcionario de la alcaldía de Wiwilí, abraza a su esposa Tania Herrera. Él fue señalado de haber quemado el edificio municipal, pero quedó en libertad. /LA PRENSA/F. RIVERA
¿Quién quemó la Alcaldía?
Fiscalía asegura que no tenía completos los actos de investigación de la Policía para ejercer acusación
Sospechosos en libertad y dicen que fueron detenidos injustamente
Félix Rivera MéndezCORRESPONSAL/JINOTEGA
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Dignidad pisoteada

Edwin Emigdio Olivas Espinosa es vigilante de una financiera que está frente a la Alcaldía. Fue otro de los acusados.
“Como wiwileño me sorprendió que me hayan capturado y me agredieron los policías de Wiwilí y a pesar de eso les deseo bendiciones, que Dios les bendiga, no tengo nada contra ellos, pero Dios les va a pagar lo que hicieron conmigo ... muy agradecido con Dios y los que nos han apoyado, a pesar que nuestra dignidad está pisoteada”, dijo. Santos Gabriel Hoyes Herrera trabaja como recolector de basura de la Alcaldía de Wiwilí. Fue otro de los detenidos. “No estoy al tanto de quiénes fueron los que hicieron esa zanganada, soy inocente de lo que me estaban culpando, de terrorista, lo cual no me han podido comprobar”.

La Fiscalía de Jinotega decidió no acusar a las cuatro personas detenidas como presuntos autores de la quema de la Alcaldía de Wiwilí, Jinotega. Todos recuperaron su libertad y aparentemente la acción penal no se hizo porque la Policía no completó los actos investigativos.

Por esa razón el Juez de Distrito de Audiencia, doctor Eduardo Zelaya, dejó en libertad a los detenidos.

Se estima que las pérdidas por el incendio ocurrido el pasado 8 de enero superan los cuatro millones de córdobas, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

SIN EXPLICACIÓN

Ayer el fiscal Julio César Rivera Jirón hizo entrega del documento en el cual no acusarían a los imputados y no brindó declaraciones al respecto.

Tras la quema de la Alcaldía, la Policía detuvo a Isabel Alegría Tinoco, vigilante de la Alcaldía de Wiwilí; Eiron Salas Amador, director de administración tributaria de la misma Alcaldía; Emigdio Olivas Espinosa, vigilante de una financiera que está frente al local y Gabriel Hoyes, recolector de basura de la misma Alcaldía.

ACTOS IMCOMPLETOS

La doctora Ana Isabel Sequeira, fiscal departamental, dijo que la Fiscalía no acusó porque aunque es un delito grave (la quema de la Alcaldía), conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica, “nuestra atribución es recibir la investigación de la Policía Nacional y decidir sobre la acción penal con responsabilidad”.

“Debe hacerse un análisis jurídico tanto del hecho como de las personas puestas a la orden, así como las pruebas, por qué acusamos, cuando tenemos pruebas, cuando no tenemos pruebas, por más que se quiera no se puede proceder a acusar un ciudadano, porque no estaríamos ejerciendo nuestra función con la objetividad, legalidad, responsabilidad que nos mandatan nuestras leyes”, dijo la fiscal.

La funcionaria dijo “que ni siquiera tenemos el peritaje correspondiente de la especialidad de la Policía, que sería un elemento más a valorar, cómo fue que se produjo el incendio y eso en el informe policial todavía no está claro y es un elemento importantísimo, porque cuando nosotros relatamos un hecho en una acusación, una de las cosas que debemos decir es qué fue lo que hizo esa persona y cómo lo hizo y sin ese peritaje no podemos determinar en una relación de hechos”.

QUIEN NO LA DEBE...

Isabel Alegría Tinoco, vigilante de la Alcaldía, dijo sentirse inocente de todo lo que le imputaban.

“Quien no la debe no la teme, allá en Wiwilí los policías me penquearon y patearon... doy gracias a Dios y a todos los que han venido a apoyarnos moralmente”, dijo.

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