Crisis, de acuerdo con la sociología, es una situación grave de la vida social, cuando el curso de los acontecimientos ha alcanzado un punto en que el cambio es inminente. En esa situación la capacidad de dirección del control social es incierta.
Si buscamos en la historia patria situaciones de crisis similares a la que está viviendo Nicaragua, nos encontraremos que la crisis de nuestro país es crónica, sin solución de continuidad. Desde la independencia, no ha habido estabilidad política, gobernabilidad ni seguridad ciudadana que permitan un proceso sostenible hacia la prosperidad. La crisis de Nicaragua tiene su origen en el esquema organizativo con que las facciones políticas concibieron el Estado y el uso del poder para usufructuar el trabajo honrado de los nicaragüenses.
Desde la dictadura de Zelaya, hace ya 115 años, el éxodo de los nicaragüenses hacia el exterior, en busca de asilo político y de trabajo, no se ha detenido. Son miles los que huyen por la falta de trabajo. En este impulso hacia la huida destacan dramáticamente las jóvenes generaciones donde muchos han visto a sus padres abandonar el suelo patrio para conseguir el trabajo que gobiernos ineficientes, desaprensivos y corruptos no tienen intención de proveerles.
La crisis actual de Nicaragua —no la crisis financiera diseminada por la globalización— tiene su origen en el gran fraude electoral del 9 de noviembre pasado. Esta crisis debe enfrentarla con energía y coraje la sociedad nicaragüense y no permitir que los cabecillas políticos y sus secuaces incondicionales negocien el derecho al voto, lo cual sería despojar a los nicaragüenses de su calidad de ciudadanos.
El voto de los ciudadanos, libremente expresado para escoger y elegir, acabará de una vez por todas con las diputaciones regaladas, los sueldos abusivos, las indemnizaciones fraudulentas, los sobornos políticos, los préstamos estatales irredimibles y los abusos deshonestos en el manejo de los dineros públicos.
No es a los cabecillas pactistas con sus diputados incondicionales a quienes corresponde enfrentar esta peligrosa crisis económica-social-política. Corresponde a los ciudadanos que conscientemente y con valentía defienden sus votos, corresponde a la sociedad civil organizada, a los empresarios y productores, a los trabajadores y estudiantes. Es decir, corresponde a ese 62 por ciento que votó para impedir la restauración de la dictadura danielista y que fue traicionado por el Pacto Alemán-Ortega.
La mitad del dinero que se gasta para que Nicaragua funcione como país, procede de la ayuda internacional que llega en forma de préstamos concesionales y donaciones por medio de las ONG que desarrollan una invaluable labor en la producción agrícola, en el financiamiento a los pequeños industriales y comerciantes, y a los aportes específicos para los planes de salud, educación e infraestructura. Mientras impere aquí el desorden, la corrupción y la inestabilidad política, no habrá inversión local ni extranjera. Porque ¿quién quiere invertir donde no hay garantías para la inversión?
Si el pueblo democrático de Nicaragua, ese 62 por ciento de votantes dignos se somete al pacto y no defiende su voto, se puede vaticinar desde ahora que la ayuda exterior congelada porque el Gobierno ha violado sus compromisos de gobernabilidad y respeto al voto ciudadano, no volverá al país. La única forma de que esa ayuda regrese —y posiblemente sea más abundante— es que la sociedad nicaragüense, el pueblo votante, derrote al Pacto Alemán-Ortega y sustituya el Estado Botín, de prebendas y sobornos, por un verdadero Estado de Derecho.
