En los años noventa del siglo pasado iniciaron las operaciones masivas de microcrédito en el país, impulsadas por las ONG. Especialistas bancarios auguraban un fracaso, pues existía la “cultura del no pago” que el régimen sandinista promovió en los ochenta, para hacer clientelismo político.
La banca estatal no tenía recursos para atender a las microempresas. Del antiguo Banco Nacional, que en los años setenta atendió exitosamente a miles de pequeños productores, no quedaba ni el logotipo; y del Banco Popular sólo quedaba el nombre. Las repetidas condonaciones políticas y la desastrosa conducción económica sandinista habían enterrado la banca estatal.
Los programas de ajuste estructural, tan necesarios para enderezar la economía heredada de la dictadura del FSLN, dejaron en el desempleo a cientos de miles de soldados y a miles de empleados públicos supernumerarios, o que laboraban en empresas estatales quebradas. Muchos pasaron a ser microempresarios o trabajadores por cuenta propia, pero no existía ningún programa estatal o privado que los atendiera eficazmente. La incipiente banca privada vio demasiados riesgos y pocas ganancias en ese sector, de manera que las microfinancieras con visión social y de negocio decidieron atender las crecientes demandas.
La Ley 176, Ley de Préstamos entre Particulares, creó el marco jurídico que dio estabilidad legal y de mercado al microcrédito. En 1998 se formó la Asociación de Microfinancieras (Asomif) que vino a contribuir de manera decidida en la consolidación del sector. Actualmente las microfinanzas cuentan con bancos y financieras regulados por la Superintendencia de Bancos y docenas de ONG y sociedades anónimas, que operan más de 350 oficinas distribuidas por todo el país y tienen 559,267 créditos, de los cuales 116,796 son de pequeños productores agropecuarios. Las microfinancieras cuentan con una cartera crediticia de 553 millones de dólares, los cuales generan más de un millón y medio de empleos. Además las microfinancieras brindan asistencia técnica agropecuaria, asesoría empresarial, servicios de salud y capacitación técnica.
Estas cifras son monumentales. Nicaragua es ahora un ejemplo mundial en el campo de las microfinanzas. La labor de las microfinancieras ha evitado, sin lugar a dudas, una explosión social y mayor incremento en la delincuencia. Por eso bancos y financiadores mundiales han otorgado cientos de millones de dólares a las microfinancieras. Las organizaciones multinacionales y expertos internacionales han reconocido que el mejor instrumento en la lucha contra la pobreza, es el microcrédito.
Pero el orteguismo insiste en desestabilizar la industria de las microfinanzas. Primero, buscando cómo hacer populismo electoral, en el 2001 logró la aprobación de la Ley 374, que reformó la Ley de Préstamos entre Particulares intentando controlar las tasas de interés. Olvidó el orteguismo que los precios en una economía de mercado los fija la oferta y la demanda. Y ahora, en su calidad de Presidente, el 12 de julio del año pasado Ortega orientó en Jalapa a los deudores de créditos a atacar a las microfinancieras por medio de plantones y presiones frente a las oficinas de las instituciones. Desde entonces la tónica ha sido amenazas, agresiones, inmuebles destruidos y la campaña del no pago de sus créditos.
Aunque tal vez sea mucho pedir, debemos demandarle al presidente Daniel Ortega que reflexione y sea responsable en este caso, lo mismo que en todos sus actos de Gobierno en los que ineludiblemente compromete a la nación. Ortega debe detener el movimiento del no pago que generó en Jalapa. Él, como gobernante más bien debería trabajar en la búsqueda de fondos internacionales a bajo costo, a fin de que las microfinancieras incrementen la oferta de crédito a las micro y pequeñas empresas del campo y la ciudad. También debería rectificar su error con la reforma a la Ley 176 y ordenar a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que den curso al recurso de inconstitucionalidad contra dicha enmienda, y que sea eliminada. Asimismo debe de permitir que la Policía Nacional respete la Constitución y ejecute las órdenes judiciales contra quienes se han tomado o permanecen en propiedades que no les pertenecen, que alteran el ordenamiento jurídico de la nación y generan un clima negativo a la inversión nacional y extranjera.
A pesar de que Daniel Ortega fue elegido Presidente por sólo el 38 por ciento de los electores, él tiene la obligación constitucional de velar por el interés nacional, no sólo de sus seguidores.
