El Presidente de la República, Daniel Ortega, se autoproclamó como poder absoluto a través de la reforma al Presupuesto de la República del 2009, al justificar la publicación vía de decreto de la misma, señalando que como jefe de Estado tiene la potestad de hacerlo a tenor del artículo 4 de la Constitución, que cita que el “Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses”.
Sin embargo, diputados de la Asamblea Nacional sostienen que el Estado son todos los poderes que lo conforman y no solo el Presidente, tal y como éste lo repite en toda la justificación del decreto publicado en La Gaceta número 245 del 26 de diciembre del 2008.
El diputado liberal Wilfredo Navarro aseguró que la medida es “delictuosa y delincuencial por parte del Ejecutivo y su ministro de Hacienda Alberto Guevara”.
Explicó que aunque la distribución de los recursos ya se hizo, “la comisión del delito allí está y cuando cambien los tiempos tendrán que ser procesados”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado liberal José Pallais, indicó que en el transcurso de esta semana presentarán la denuncia en contra del presidente Daniel Ortega en la Contraloría General de la República (CGR), para que los contralores realicen una auditoría en las instituciones gubernamentales que son mencionadas en la reforma presupuestaria, mediante el decreto 78-2008, para determinar si éstas acatan las exigencias del presidente Ortega pese a que así violentan la Constitución Política.
“Le pedimos (a la CGR) seguimiento a las ejecuciones presupuestarias de eso (decreto de Ortega) y se establezcan las responsabilidades correspondientes, informando de lo investigado al Ministerio Público, como corresponde según la Ley de la Contraloría”, dijo Pallais.
El contralor Lino Hernández señaló que de llegar la denuncia a la CGR se le daría trámite, pero en su opinión el conflicto debería dirimirse en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque se trata de la competencia entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, un argumento rechazado por Pallais, ya que la Constitución es lo suficientemente clara y no es necesaria ninguna interpretación.
GUTIÉRREZ JUSTIFICA CON INMOVILISMO
Según el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, la medida ejecutada por el presidente Ortega es “legítima”, dado el inmovilismo de la Asamblea Nacional, que tiene dos meses de no sesionar y de mantener congeladas diferentes iniciativas de ley que incluyen préstamos para el país.
Sostiene que si la Asamblea Nacional hubiera sesionado normalmente, el decreto presidencial no tendría ningún asidero legal, “pero las condiciones que imperan hasta el día de hoy han sido de un vacío por parte del parlamento nacional”.
Sin embargo, señala que la reforma, que incorpora 605 millones de córdobas al presupuesto, fue para cubrir compromisos urgentes que tenía el Ejecutivo tales como el pago de los meses de noviembre, diciembre y aguinaldo de 10 mil maestros, y para otro tanto de trabajadores de la salud.
