El doctor Braulio Lanuza, quien fue el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 1995 hasta el año 2000, cuestionó desde Estelí que nada se hace permitiendo solamente la observación internacional —que es vital para la vigilancia de las elecciones— si se impide a al vez la observación de los grupos nacionales, descalificados por el CSE como supuestos grupos políticos con simpatías partidarias o parciales.
Según el ex vicepresidente del CSE, no existen motivos para impedir la observación electoral bajo ese argumento, porque “todos los nicaragüenses tenemos derecho a ser políticos”. Además, agregó que, si ese fuera el caso, los mismos magistrados deberían dar el ejemplo, ya que todos sin excepción practican una política partidaria y cantan consignas en tarimas, como se vio el 19 de julio del 2008 al magistrado presidente Roberto Rivas Reyes.
Lanuza advirtió que no debería haber oposición a elecciones transparentes, para mostrar a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que se respeta la voluntad de las mayorías.
El coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín, insistió, por su parte, en su programa radial El pulso de la semana, en “la observación electoral internacional, que ahora el Gobierno dice estar dispuesto a aceptar, aunque poniéndole restricciones, (sin embargo) es perfectamente inútil si no se apoya en la observación nacional”.
Jarquín recordó que “unas pocas docenas de observadores internacionales solamente son efectivas si a su vez se apoyan en miles de observadores nacionales, que puedan estar en las más de once mil juntas receptoras de votos”, pues aseguró que “son estos observadores nacionales, que llegan hasta los últimos puntos del país, y que aportan organizaciones nacionales”, en referencia al Instituto para la Democracia y Desarrollo (Ipade) y Ética y Transparencia.
Para Lanuza, los magistrados no deben hacer lo que a ellos les parezca, sino que deben trabajar en función de la ley y de los ciudadanos con quienes deben ser éticos y transparentes.
LA SOMBRA DEL FRAUDE
En las pasadas elecciones municipales, el CSE se opuso a que éstas fueran observadas por organismos nacionales y de los extranjeros solamente permitió la presencia de un cuestionado grupo de ex presidentes electorales que vinieron pagados por el órgano electoral nicaragüense.
Los resultados de estas elecciones fueron denunciados por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, que incluyeron a los partidos políticos participantes en la contienda, quienes presentaron las evidencias del mayor fraude electoral documentado en nuestro país.
Recientemente el magistrado del CSE José Villavicencio dijo a los medios de comunicación que en los próximos comicios electorales permitirán la observación internacional, pero no la observación de grupos nacionales como Ética y Transparencia, pues según ese tribunal estos son grupos políticos y por eso no pueden ser observadores.
Jarquín advirtió que “salvo que el Gobierno esté dispuesto a aceptar que la observación internacional, de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, por ejemplo, armen sus propias legiones de observadores locales que puedan estar en todos los centros de votación”, y estimó que “no será fácil que la comunidad internacional se deje engatusar por el Gobierno de Ortega. Menos los nicaragüenses”.
