La Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional junto a la Fiscalía ejecutaron dos allanamientos en Bolonia y Ciudad Jardín, ante las sospechas de la existencia de una empresa fantasma que estaría operando en el país para estafar a posibles socios.
La empresa Aeronaves de Nicaragua 7 S.A (Aeronic) fue creada aparentemente sin ningún sustento legal por el peruano Juan Orestes Ramírez Lazo, junto a su esposa de origen panameño Ilona Weldeman Medina y el nicaragüense Sergio José Delgado Reyes, que hacía también de administrador.
Esta sociedad ofrecía a través de un medio de comunicación la venta de acciones a 150 dólares cada una bajo la promesa de que le generarían ganancias anuales hasta por 600 dólares, más un bono como una especie de garantía por la suma de 10 mil dólares.
El segundo jefe del DIE, comisionado Teodoro Bustamante, recordó que este grupo aparece inscrito ante la Asociación de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación como un organismo sin fines de lucro bajo el nombre de Universidad Particular de Ciencias de Mercadeo.
Bustamante indicó que esa sociedad no cuenta con ningún respaldo, no están autorizados por la Superintendencia de Bancos como exige la Ley, tampoco están autorizados por Aeronáutica Civil de Nicaragua.
Hasta ayer esa sociedad había captado a unas 70 personas, pero aparentemente no tienen ningún respaldo económico. “A la hora que esta gente se pueda ir del país, ¿cómo van a quedar los accionistas? Van a quedar inseguros”, sostuvo Bustamante.
La denuncia la presentó el Ministerio de Gobernación, y el delito por el cual momentáneamente eran investigados los miembros de la sociedad era por ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, confirmó el fiscal Javier Morazán.
“Se pidió ante el Juez una orden de allanamiento (...) para ocupar la documentación y corroborar si efectivamente existen los socios, si ofertaron las acciones y se cumplieron los requisitos que establece la Ley de Mercado de Capitales”, explicó.
Por tanto, la Fiscalía indagará si las personas que compraron las acciones fueron objeto de alguna estafa o defraudación.
“Lo que marca la pauta fue la oferta de las acciones sin la autorización debida”, explicó Morazán, quien a su vez expresó que un punto importante en contra de esta sociedad fue que están constituidos para una finalidad, y la oferta de acciones fue para una aerolínea.
Ramírez, quien permanecía retenido por la Policía mientras se realizaban las indagaciones, pretendía evadir las pesquisas en contra de su esposa e insistió ante las autoridades que él es el único responsable y adujo que la falta de información oportuna y veraz lo llevó a incurrir en este delito. El proyecto, según el denunciado, era de mantener tres aeronaves con matrícula norteamericana, con las que realizarían vuelos nacionales.
El peruano insistió en que el único responsable es él, porque casi el 99 por ciento de las acciones son suyas. “Y lo hice así para evitar tener personas al costado, que me vengan a robar o inestabilizar”, sostuvo el peruano.
En un comunicado la Superintendencia de Bancos resolvió ayer imponer a la sociedad una multa pecuniaria por el equivalente al cinco por ciento de su capital social. La multa deberá ser enterada a favor del fisco de la República, en un término no mayor de quince días hábiles a partir del conocimiento de la presente resolución. “Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse, de la publicación de la oferta de venta de acciones al margen de la Ley de Mercado de Capitales”.
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