La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” presentado el jueves a la Asamblea Nacional de Venezuela, calificándolo como “un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural” y como un “devastador golpe contra lo que queda de democracia en Venezuela”.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos. “Es sin duda un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela”, enfatizó.
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, agregó que “estamos frente a una estrategia manipuladora que continúa cerrando los espacios de libertades individuales y sociales”, considerando que la iniciativa de ley presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, viola el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.
CÁRCEL Y OTRAS SANCIONES
La Fiscal General de la República presentó ante el Congreso de su país, de hegemonía oficialista, el Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, que contiene 17 artículos, en los que se busca “prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación”, con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones.
Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que esta ley crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente en contra de medios y periodistas.
“El Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa”, para lo cual, éstos ya están regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual.
De ser aprobado el presente proyecto de ley, se contempla sancionar, como explica su artículo 4, “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
La SIP viene continuamente denunciando la estrategia seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. Entre esos arrebatos, se destacan la reforma constitucional en 1999 donde se incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial; sentencias judiciales como la “1013” de 2001 que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas; la promulgación de la “ley mordaza” o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004; y la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005 que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación.
También la aplicación de regulaciones que obliga a los medios a tener columnistas de todas las ideologías en una clara invasión de sus políticas editoriales; el cierre en mayo de 2007 de RCTV, el hostigamiento contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico.
