Las autoridades de Honduras advirtieron ayer que se reservan el derecho de cancelar visas al personal diplomático o consular de Estados Unidos, en reciprocidad a la decisión de Washington de revocar las de cuatro funcionarios del Gobierno que preside Roberto Micheletti, una medida similar que barajaban ayer los países miembros de la Unión Europea.
La reciprocidad que Honduras se reserva para el personal de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa es “sin ninguna exclusión”, subraya un breve comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
El pasado día 28, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, dijo en Washington que la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa revocó los visados diplomáticos al presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra; al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Arita; al secretario de Defensa, Adolfo Sevilla, y al Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio. La medida de Estados Unidos es una forma de presión por el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado.
La Cancillería hondureña, encabezada por Carlos López, indicó que “ninguna de las personas a quienes se les ha cancelado la visa ha incurrido en la comisión de delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, malversación de fondos públicos u otros”.
El comunicado añade que las personas afectadas “pueden ejercer acciones impugnativas de esas cancelaciones ante las instancias judiciales de los Estados Unidos de América, de conformidad con su legislación”.
UE TAMBIÉN LIMITARÁ VISAS
En Bruselas, los países de la UE planeaban alinearse a la posición de Estados Unidos y limitar el suministro de visas de entrada al territorio para los funcionarios del Gobierno de Honduras a causa del estancamiento político en el país.
En una medida reclamada por España, los embajadores de los países de la UE acordaron “tomar medidas para restringir los contactos a nivel político con el gobierno de facto de Honduras”, indicó la Presidencia sueca en un comunicado.
Dichas medidas “incluyen la posibilidad de restringir el acceso a sus territorios a ciertos miembros del gobierno de facto de Honduras”, precisó la Presidencia sueca. Según un diplomático, esta fórmula significa que corresponderá a cada capital europea decidir si lo hace o no. Una decisión vinculante que comprometiese a toda la Unión Europea habría sido más difícil de tomar, ya que habría necesitado una reunión a nivel de ministros, añadió.
